El tripartito catalán lanza su agenda social tras afrontar dos crisis

Los primeros 50 días del Gobierno tripartito catalán, que se cumplen hoy, han estado marcados por dos crisis: la que desembocó en la dimisión de Josep Lluís Carod y la guerra de nombramientos y competencias fruto de la interpretación del pacto a tres bandas entre PSC, Esquerra (ERC) e Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA). No obstante, en el activo del Ejecutivo catalán figura la voluntad de mantener una agenda de iniciativas sociales, con medidas de regeneración y transparencia que evidencien más allá de siglas y palabras que la izquierda ha llegado al poder en Cataluña.

Los tradicionales cien días de gracia que se suelen conceder a los nuevos Gobiernos -y que CiU y el PP dijeron que otorgaban también al nuevo Ejecutivo de izquierdas en Cataluña- se quedaron en menos de 40. Al trascender la reunión que el líder de Esquerra y entonces conseller en cap, Josep Lluís Carod, mantuvo en Perpiñán con la cúpula de ETA, el primer Gobierno de izquierdas en Cataluña desde la Segunda República a punto estuvo de irse a pique antes casi de empezar a caminar.

Pero a pesar de esta crisis y de otra anterior, que fue consecuencia del nombramiento del director general de los medios de comunicación públicos, el nuevo Ejecutivo ha impulsado una batería de iniciativas en 50 días que a menudo han quedado tapadas por la crisis desatada tras la reunión de Carod con ETA.

El propio presidente de la Generalitat comenzó por explicar la composición de su Gobierno en el pleno del Parlamento catalán, un gesto inédito en 23 años de autonomía. Y la mayoría de consejeros ya ha comparecido con sus respectivos proyectos bajo el brazo ante la Cámara catalana.

Algunos de los proyectos han sido ya activados, como el incremento del complemento de pensiones de viudedad no contributivas en un 3,8% por encima del IPC, la creación de una comisión de matriculación para evitar que las escuelas concertadas elijan a sus alumnos; la supresión de la subvención a los parvularios de la escuela privada, en el tramo no obligatorio, y la retirada de la ayuda a los colegios que segreguen por sexo, una medida sin precedentes en España (véase información en la página 29). Otros son inminentes, como la contratación de 1.400 profesores para la escuela pública y el funcionamiento de los centros escolares hasta mediados de julio, con actividades extraescolares. La enseñanza es una de las prioridades de este Gobierno. El presidente de la Generalitat se ha fijado como objetivo visitar cada semana un centro escolar de Cataluña.

Entre los proyectos anunciados destacan el impulso a la construcción de un eje transversal ferroviario; la moratoria para impedir que se construya en 52 kilómetros de costa; la creación de unidades de diagnóstico rápido en todas las comarcas y la ampliación del número de médicos en 30 ambulatorios; la reorganización del transporte sanitario urgente, que pasa a ser controlado exclusivamente por un organismo público; la creación de un consorcio sanitario para el área metropolitana de Barcelona, y facilitar las adopciones en parejas homosexuales. El Ejecutivo ha anunciado una rebaja en el impuesto de sucesiones, al elevarse el mínimo exento entre 450.000 y 600.000 euros anuales. Una de las medidas estrella de este Gobierno es el proyecto de inversión de 600 millones de euros para los barrios más problemáticos.

El tripartito ha logrado, en algunos casos y en cuestión de semanas, desatascar cuestiones de alto valor simbólico que llevaban dos décadas empantanadas: se han puesto las bases, por ejemplo, para aprobar una nueva organización territorial de Cataluña.

La Generalitat ha iniciado un inédito proceso de descentralización que llevará la sede central de una consejería -la de Agricultura- a Lleida; las casas regionales han visto cumplido su deseo de tratar con el Departamento de Cultura y no meramente con el de Bienestar Social, se ha tomado el acuerdo de hacer públicos el nombre y el salario de todos los asesores del Gobierno catalán y se ha propuesto una reforma legal, que abordará próximamente el Parlamento, para facilitar la incorporación de agentes de la Guardia Civil a los Mossos d'Esquadra.

El nuevo Ejecutivo tiene más consejerías que nunca -empezó con 16, pero ha quedado en 15 tras la marcha de Carod-, aunque al mismo tiempo ha empezado el proceso para adelgazar la Administración y reducir el gasto mediante la reducción de 42 altos cargos y el recorte del gasto corriente de la Generalitat, que supondrá un ahorro de unos 200 millones de euros.