La Diputación de Vizcaya destituye a su jefe de Inspección Fiscal

La Diputación de Vizcaya decidió ayer destituir al jefe de la Inspección de la Hacienda foral, Juan Ramón Ibarra, imputado por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento público e infidelidad en su custodia por un juzgado de Bilbao. La institución vizcaína ha acordado separarle de su cargo casi dos meses después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara una querella contra Ibarra ante la Audiencia Provincial.

Hasta ahora el gobierno foral que preside José Luis Bilbao (PNV) se había negado a adoptar cualquier medida cautelar sobre el jefe de la Inspección, que tiene el cargo de subdirector, al argumentar que desconocía las acusaciones contra él. Con el fin de conocerlas se personó como "parte perjudicada", una vez que a mediados de enero el Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao admitió a trámite la denuncia de Anticorrupción, y contrató al abogado Mario Fernández, del despacho Uría y Menéndez, uno de los más prestigiosos de España.

La pasada semana, el juzgado aceptó la personación en la causa de la Diputación, lo que le permitió comenzar a estudiar los 30.000 folios de las diligencias. El martes pasado, el portavoz de la Diputación y diputado de Urbanismo Patxi Sierra-sesumaga afirmó que la situación seguía igual y no había novedades respecto a la situación del jefe de la Inspección. Ayer, a través de un escueto comunicado, el gobierno foral anunció la destitución. La justifica por haber "conocido el contenido básico" de las diligencias, aunque puntualiza que la ha adoptado "sin perjuicio de la presunción de inocencia y en el ánimo de colaboración expresa en la investigación". Anuncia que en breve se nombrará un nuevo jefe de Inspección y que el diputado de Hacienda, José María Iruarrizaga, comparecerá a petición propia ante las Juntas Generales para explicar el cese de Ibarra.

Las acusaciones contra el ya ex responsable de la Inspección Fiscal se centran en la supuesta manipulación de los programas informático para dejar al margen de las inspecciones tributarias a varias empresas. Juan Ramón Ibarra habría dado por realizadas inspecciones que no se habían hecho. En las investigaciones no se han encontrado indicios de que el alto funcionario recibiera compensaciones económicas, por lo que no está imputado del delito de cohecho.

Hace casi un año, en marzo de 2002, a raíz de un informe de un miembro del servicio de Inspección, la Fiscalía Anticorrupción se presentó en las instalaciones de la Hacienda vizcaína para pedir información y entrevistó a la mayoría de los 70 inspectores y subinspectores que trabajan en el servicio.

El portavoz del PSE en las Juntas Generales vizcaínas, José Antonio Pastor, mostró su satisfacción por el cese de Ibarra, pero opinó que se ha precipitado porque el asunto es "bastante más serio de lo que la Diputación y el PNV nos quería hacer creer". Pastor, quien consideró que puede haber "datos comprometedores sobre la obstrucción fiscal o la no investigación a determinadas empresas", solicitará la creación urgente de una comisión de investigación, "dada la trascendencia del caso y la alarma social que ha provocado".

Carlos Olazabal, portavoz del PP en la Cámara vizcaína, valoró que la Diputación ha actuado "tarde y mal". "El personamiento en las diligencias y, al mismo tiempo, el mantenimiento de la confianza en la persona de la Inspección era y es contradictorio". A su juicio, existe una "negligencia" de los responsables forales que su partido, según afirmó, "medirá en su momento".