Once países anuncian restricciones a los trabajadores del Este en la UE

Once países de la Unión Europea han anunciado restricciones al menos durante los dos próximos años a los buscadores de empleo de los países que se incorporan al club el 1 de mayo. España, Italia y Francia están todavía analizando la cuestión, mientras que Irlanda, presidenta de turno de la UE, es el único país que ha anunciado la total apertura de su mercado laboral a los nuevos europeos desde el primer día de su incorporación. Eslovaquia ha tachado de insolidaria a la UE y Polonia ha mostrado su desagrado ante el repliegue.

La posibilidad de imponer restricciones a los nuevos socios de la UE se contempla en los tratados de adhesión firmados con los países que entran en mayo. Según esos tratados, cada país de la UE puede imponer restricciones durante un máximo de siete años a ocho de esos países: Polonia, Lituania, República Checa, Estonia, Letonia, Hungría, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. Los ciudadanos de Chipre y Malta, salvo que haya razones excepcionales, tienen las puertas abiertas desde el primer día.

Alemania y Austria, los dos países en los que se asienta ahora el 80% de los inmigrantes del Este, quieren optar por el periodo transitorio más largo: siete años. El resto se inclina por imponer tales restricciones durante los dos próximos años. A partir de esos dos años todos están obligados a comunicar a Bruselas si prorrogan las restricciones tres años más y finalmente sólo podrán seguir en pie dos años adicionales si demuestran que el flujo está dañando su mercado laboral.

Mercado laboral

El Reino Unido, que en principio planeaba la apertura de su mercado laboral, ha sido el último en sumarse al repliegue general ante el temor de que la temida avalancha de nuevos europeos se desvíe hacia las islas. El candidato eslovaco a formar parte de la Comisión Europea, Jan Figel, ha dicho a la agencia Reuters que esta posición demuestra una clara "ausencia de solidaridad", mientras que el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Wlodzimierz Cimoszewicz, ha manifestado en Varsovia que observa con desagrado el repliegue europeo.

La Comisión Europea considera infundados los temores de la UE. Por una parte, advierte de que la temida avalancha no se produjo cuando entraron los países del sur (España, Grecia y Portugal), sino que incluso muchos ciudadanos de esos países regresaron a casa tras la adhesión. Por otra parte, los análisis de Bruselas demuestran que el flujo migratorio de los países del Este es y será muy limitado.

En la actualidad, viven en la UE alrededor de un millón de ciudadanos del Este (menos del 0,3% de la población total de los quince países de la UE actual), de los cuales sólo el 35% tienen empleo. Según las últimas evaluaciones de Bruselas, el flujo neto de inmigrantes del Este podría ser de 250.000 anuales el primer año de la ampliación, pero descender a los 100.000 anuales después. Sólo una parte buscaría empleo.

España no ha tomado todavía ninguna decisión al respecto, pero en principio podría ser uno de los países menos afectados en este terreno por la ampliación, que se considera afectará más a los fronterizos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2002 vivían en España 348.713 ciudadanos europeos no comunitarios, la mitad de ellos de forma ilegal.

Los acuerdos transitorios se firman con cada país, lo que abre las puertas a discriminar a los trabajadores del Este según provengan de Polonia, Hungría o Eslovenia, como admitió la Comisión. "Frente al temor infundado de la avalancha, la UE debería tener en cuenta los beneficios que va a traer la ampliación", advirtió ayer Bruselas.