Hacienda perseguirá este año el fraude en la rehabilitación de viviendas de lujo

La Agencia Tributaria considera el sector inmobiliario como "prioritario" en la lucha contra el fraude fiscal, que este año incluirá la rehabilitación de viviendas de lujo. En cuanto a los resultados del pasado año, Hacienda ha descubierto 900 millones de euros de fraude en el sector inmobiliario entre 2002 y 2003, un 32% más que en los dos ejercicios anteriores. La asociación que agrupa al 90% de los inspectores, Apife, considera "reiterativas" las prioridades de control del fraude que presentó ayer la Agencia Tributaria y asegura que no existe voluntad política de atajar el fraude.

Las actividades asociadas al sector inmobiliario constituyen la principal área de riesgo fiscal a la que la Agencia Tributaria quiere dirigir sus esfuerzos. Esta prioridad del Plan General de Control Tributario para 2004, presentado ayer por el director general de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, ya figuraba en otros planes de control que se elaboran con periodicidad anual. Como novedad, este año Hacienda prestará atención a la rehabilitación de viviendas en zonas residenciales de lujo.

Pocos días después de que la asociación que agrupa a más del 90% de los inspectores de Hacienda, Apife, acusara a la Agencia Tributaria de eludir la lucha contra los grandes focos de fraude y centrarse sólo en los que ya declaran, Ruiz Gallud subrayó que se intensificará el control "donde exista mayor riesgo de fraude". Para ilustrar la labor de la agencia en el sector inmobiliario, el responsable de este organismo indicó que se han detectado 900 millones de euros de fraude entre 2002 y 2003. La cantidad descubierta en el periodo inmediatamente anterior (2000-2001) asciende a 612 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria, lo que arroja un incremento del 32% en las actas levantadas. Durante 2003, la inspección realizó 8.500 visitas a promotores inmobiliarios y recopiló datos de 45.000 viviendas de lujo que ahora procesa.

Pago del IVA

Pese a ser el más llamativo, y del que más datos se ofrecen, el control del fraude no se limitará a la actividad inmobiliaria. Hacienda también perseguirá la elusión del pago del IVA, especialmente en las empresas investigadas por su vinculación con tramas organizadas. Este impuesto aglutina el 35% del fraude fiscal, sólo superado por el impuesto de sociedades, que concentra el 48,5%. El IRPF asociado a las actividades profesionales y empresariales supone un 11% del fraude.

Los inspectores dudan de la eficacia de esas prioridades, que consideran "reiterativas". "No he dejado nunca de oír lo del sector inmobiliario", aseguró ayer a este periódico el presidente de Apife, Ignacio Fadón. El colectivo recela de las grandes cifras que exhibe Hacienda en cuanto al fraude detectado y cree que "no conducen a analizar resultados". El director general de la Agencia Tributaria arremetió ayer contra esta asociación y consideró sus críticas "malintencionadas". Para Ruiz Gallud, ese análisis tiene "un claro sesgo político" que vinculó a la proximidad de las elecciones generales.

Los inspectores rechazan las consideraciones del responsable de la agencia y subrayan que el plan de control del fraude para este año es sólo un control sobre el contribuyente que ya tributa, no sobre quien no lo hace. "Hay que querer que la inspección sea eficaz, y eso es lo que no está ocurriendo", concluye el presidente de Apife.

Con respecto a la posibilidad de que los futbolistas extranjeros puedan elegir entre tributar en España por el régimen de no residentes (un 25% de sus ingresos) o por el IRPF ordinario (un 45% para las rentas más altas), Ruiz Gallud aclaró que esta medida pretende "atraer a España capital humano". El responsable de la agencia evitó definir qué colectivo podrá acogerse a esta medida y, en concreto, si beneficiará a los futbolistas. Aseguró que los detalles están pendientes de desarrollo.

El cambio, introducido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2004, establece que los extranjeros que vengan a España podrán elegir durante un periodo de cinco años si tributan como no residentes, con una retención fija del 25%, o se acogen al IRPF ordinario, cuyo tipo máximo es el 45%. La medida pretende atraer directivos e inversión empresarial, según Ruiz Gallud.