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Editorial:

Pakistán y la bomba

La destitución de sus cargos del padre de la bomba atómica paquistaní, tras haber admitido la venta de secretos nucleares a Irán, Corea del Norte y Libia, no sólo representa una convulsión para el país musulmán. La caída en desgracia de Abdul Qadeer Jhan, ultranacionalista y arquitecto durante décadas del programa nuclear de Islamabad, viene a confirmar las más que fundadas sospechas del papel clave de Pakistán en la proliferación atómica internacional.

El presidente Pervez Musharraf, aliado de EE UU en su cruzada antiterrorista global, ordenó hace meses investigar lo obvio: que los conocimientos armamentísticos paquistaníes habían servido para hacer progresar la carrera hacia la bomba de Libia, Irán o Corea del Norte. La Agencia de Energía Atómica, el órgano de vigilancia de la ONU, tuvo evidencia de ello primero en Irán, y más recientemente, en Libia, tras la renuncia de Gaddafi a las armas de destrucción masiva. Su director general, El Baradei, se declaraba recientemente asombrado por la escalada y complejidad del mercado negro atómico.

Pakistán, que busca ahora la respetabilidad internacional, ha sido y es en buena medida un Estado al margen del imperio de la ley, con arraigados fundamentalismos y donde sucesivos gobiernos corruptos, militares y civiles, han estado más ocupados en su supervivencia que en sentar bases de transparencia y progreso. El general Musharraf ha negado siempre que su país hubiera exportado ilícitamente tecnología nuclear. Su rectificación actual supone un giro copernicano, aunque explique los hechos por motivos de lucro personal. No son ajenas al cambio ni la abrumadora evidencia de las pruebas ni los dos recientes atentados contra su vida por parte de fanáticos islamistas.

El líder paquistaní, acusado por sus enemigos de marioneta de Washington, tiene entre manos un asunto crucial. Si procesa a Jhan y reduce al héroe nacional a la condición de villano, abrirá la caja de Pandora sobre el papel de los todopoderosos generales, en los que se apoya para gobernar. Resulta impensable que la tecnología paquistaní haya pasado durante años a otros gobiernos sin la aprobación explícita de una parte de la cúpula castrense. De ahí que los métodos de lucha contra la proliferación necesiten una revisión urgente. Desde el funcionamiento de los servicios de espionaje, en general lamentable, hasta la aplicación del Tratado de No Proliferación. Su espíritu de pacto entre caballeros resulta a todas luces insuficiente en un mundo donde las armas atómicas incontroladas representan, junto con el terrorismo, la mayor amenaza a su estabilidad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de febrero de 2004