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Editorial:

Sin control

El Partido Popular no quiere que el caso Carod llegue a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, y no le faltan razones reglamentarias para ello. Todos los demás grupos piensan, por el contrario, que el Gobierno debe ofrecer explicaciones sobre la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la filtración del informe sobre la reunión mantenida por Carod con la cúpula de ETA. Que esta comparecencia no sea exigible reglamentariamente no significa que no sea necesaria y que no se pueda hacer a petición del propio Gobierno, como hizo Alberto Oliart en octubre de 1982, cuando compareció, con las Cortes ya disueltas, para explicar la detención de varios jefes militares vinculados a una intentona golpista.

La sospecha de que el Gobierno ha podido utilizar un informe del CNI con fines electorales y partidistas no es gratuita, por mucho que se haga el ofendido. Sería grave el espionaje de un político que ostenta un alto cargo por elección -práctica defendida con calor por Fraga-, pero aún sería peor la eventual filtración interesada de informes del CNI para perjudicar electoralmente a Carod y a sus aliados socialistas del Gobierno catalán. En ambos casos es importante despejar cualquier duda sobre los riesgos sobrevenidos a la difícil y meritoria tarea que realizan los servicios de inteligencia en la prevención del terrorismo.

Las dudas que se han planteado hasta ahora no señalan en primera instancia a los servicios secretos, sino al Gobierno, cuyo silencio no hace sino intensificar los focos sobre el CNI. Nada nuevo tratándose de un partido que no tuvo reparos en el pasado reciente para activar la voladura del extinto Cesid. La única manera de despejar unas sospechas que comparten todos los grupos parlamentarios de la oposición, incluidos los que hasta ayer eran aliados del PP, es ofrecer todas las explicaciones requeridas ante la única institución de control del Gobierno: la Diputación Permanente del Congreso.

La negativa a someterse a control parlamentario no es una novedad. El candidato Rajoy considera que la exigencia de explicaciones sobre las armas de destrucción masiva por parte de Zapatero es también una cortina de humo en relación al caso Carod. La mayoría absoluta le ha permitido al PP eludir toda fiscalización parlamentaria sobre la participación en la posguerra de Irak, la gestión del naufragio del Prestige, el accidente del Yak-42 y, ahora, el eventual uso partidista de informes del CNI.

En este penoso episodio faltan aún muchas explicaciones, empezando por las de el ex conseller en cap Carod Rovira sobre el contenido de su larga conversación con los jefes de ETA. Pero el Gobierno está también en deuda con la opinión pública. Sus obligaciones no quedan derogadas por la disolución de las Cortes Generales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de febrero de 2004