Un jurado popular decidirá si una edil del PP cometió tráfico de influencias

La concejal de Servicios Sociales y quinta teniente de alcalde de Las Rozas, Isabel Montero, del PP, se vio ayer cara a cara con el jurado popular -cuatro hombres y cinco mujeres- que decidirá si cometió tráfico de influencias. Es la primera vez que un cargo público es sometido en la Comunidad de Madrid al veredicto de un jurado popular por ese delito desde que entró en vigor esta institución. El fiscal pide para Montero seis meses de cárcel, 24.040 euros de multa e inhabilitación para ejercer empleo o cargo público durante cuatro años. Hoy declararán la acusada y el alcalde de Las Rozas, el popular Bonifacio de Santiago, éste en calidad de testigo.

Los hechos se remontan a 1997, cuando el Ayuntamiento roceño otorgó la gestión de la ludoteca municipal a la empresa Caracoles, de la que formaba parte la sobrina de Montero. El fiscal y la acusación particular sostienen que Montero informó favorablemente la oferta que presentó la sociedad de su sobrina, ocultando a los responsables municipales su parentesco con ella. Para la defensa de Montero, sin embargo, la edil actuó sin intención de delinquir y es la venganza personal la que se encuentra detrás de esta denuncia. La defensa ha llamado a 37 testigos, mientras que la acusación tiene previsto interrogar a nueve, que eran miembros de la comisión de gobierno que decidió sobre la adjudicación de la ludoteca.

"Me están haciendo pasar una tortura desde hace siete años", decía ayer Montero a la puerta de la sala de la Audiencia Provincial en la que se desarrolla el juicio. El letrado de la concejal asegura que una de las dos denunciantes, Ana Vázquez, mantiene una enemistad personal con Montero que ha dado lugar a la querella. Según el argumento de la defensa, Vázquez, militante del PP y conocida de la acusada, se había encargado de la ludoteca durante 1996 y "creía que podía estar al frente de ella de forma vitalicia". "Isabel se sienta aquí por no haber prorrogado a Ana Vázquez el servicio de ludoteca", insiste el letrado Roberto Rodríguez.

Informe favorable

Al mismo tiempo, el defensor reconoce que Montero emitió un informe favorable para adjudicar el contrato a la empresa Caracoles, pero asegura que éste tenía como base los datos de los técnicos que trabajan en la concejalía. "Sin que ella ejerciera influencia alguna", puntualiza Rodríguez.

El fiscal recuerda que de lo que se trata ahora es de juzgar si hubo tráfico de influencias, con independencia de otras cuestiones políticas. "El resto no es objeto de este procedimiento", mantiene. En su exposición, el representante del ministerio público afirmó que fue la acusada quien propuso en la comisión informativa, que presidía, a la empresa Caracoles como la más adecuada para gestionar la ludoteca, ocultando que en ella trabajaba su sobrina. La comisión aprobó por unanimidad la propuesta, que luego obtuvo el visto bueno de la comisión de gobierno del Ayuntamiento.