Incompatible con el siglo XXI
El pasado 19 de enero, la comisaria Wallstrom ha estado en España, y aunque oficialmente venía a otra cosa, el trasvase del Ebro y la posible financiación del mismo por parte de la Comisión Europea ha sido lo que más le han preguntado los periodistas. La comisaria no ha querido pronunciarse, pero ha dejado claro que el trasvase forma parte del PHN y que éste debe evaluarse en su conjunto a la luz de su posible incompatibilidad con las Directivas Europeas, y muy especialmente la Directiva Marco del Agua (DMA). Y para la mayoría de los científicos españoles está claro que el PHN va a incumplirlas.
Este incumplimiento ya quedó claro en el debate que un grupo de técnicos del MIMAM y otro que representaba a diversas ONG españolas (y que yo coordiné) sostuvieron en Bruselas el pasado mes de octubre. Debate que se tuvo que realizar en la capital europea, ya que el MIMAM no ha aceptado nunca realizarlo en España. ¿Por qué el PHN y su trasvase son incompatibles con la legislación ambiental europea?
A España no le conviene el trasvase, y no sólo por sus efectos ambientales perniciosos
En primer lugar, porque es incapaz de dar soluciones que impidan la desaparición a medio-largo plazo del Delta del Ebro por subsidencia. La acumulación de sedimentos en los embalses es la responsable, junto al aumento del nivel del mar, de que el Delta se vaya hundiendo lentamente (a un ritmo aproximado de 5 mm por año). Las alternativas que existen para movilizar los sedimentos de los embalses y salvar el Delta no están previstas ni en el PHN ni en el PIPDE (Plan Integral para la Protección del Delta del Ebro). La desaparición del segundo humedal más importante de España parecería un incumplimiento de la legislación comunitaria.
Otro aspecto para el cual el MIMAM y sus técnicos no parecen tener ninguna solución es la futura disminución de las pesquerías de especies pelágicas frente a las costas del Ebro. Las crecidas del río son el elemento fertilizador del mar y su correlación con la pesca de la anchoa y el éxito reproductivo de algunas especies protegidas como la pardela balear se ha comprobado fehacientemente. Si desaparecen especies protegidas tenemos más incumplimientos de la legislación comunitaria.
En tercer lugar, tenemos el famoso caudal ambiental fijado en 100 metros cúbicos / seg en el PHN (3.150 hectómetros cúbicos / año), que el PIPDE eleva a más de 4.200. Pero esta aportación es incapaz de garantizar que el río (y muy especialmente la parte estuarina) mantenga o mejore su estado ecológico. Éste es un punto crucial, ya que para cumplir la DMA el PHN debe garantizar que el río recuperará un buen estado (ecológico y químico) antes de 2015. Y con estos caudales mínimos esto no se garantiza porque el buen estado ecológico del río y el de la costa cercana (es decir, la correcta estructura y funcionamiento de sus ecosistemas) no se puede conseguir con un flujo mínimo de agua, sólo se puede conseguir con un régimen adecuado que incluya crecidas invernales y primaverales de por lo menos 1.000 metros cúbicos / seg sostenidas a lo largo de varios meses y con puntas de caudal estivales que eliminen los efectos perniciosos de la formación de la cuña salina.
El régimen de caudales que serviría para mantener las funciones ecológicas y económicas del bajo Ebro, su delta y el mar que de él depende, implica una aportación media al mar de unos 10.000 hectómetros cúbicos / año. Este régimen de caudales permitiría transportar sedimentos al delta, garantizar crecidas que mantengan la producción de la anchoa, evitar los efectos de la existencia continuada de la cuña salina y garantizar el cultivo del arroz, los de los mariscos y las actividades turísticas del delta, es decir, cumplir la legislación europea. Es un régimen que en los últimos 20 años sólo se ha dado en cuatro de ellos y que explica la creciente degradación de los ecosistemas de la zona.
Éstas son las razones ambientales por las cuales la Unión Europea debería negar el dinero para el trasvase. Ni en el estudio de impacto ambiental ni en la Declaración de Impacto Ambiental del trasvase estas razones (y otras muchas) se han abordado convenientemente. Los progresos que desde la aprobación del PHN en el Parlamento parece haber hecho el MIMAM en sus estudios ambientales están basados en estudios parciales que son incapaces de demostrar la no afección ambiental del proyecto. Los propios redactores del PIPDE reclamaron en Bruselas cuatro años de estudios para poder cuantificar el régimen ambiental del río. Si resulta que ahora no sabemos cuál es el régimen ambiental apropiado del río, ¿cómo podemos decir que "sobra agua" para un trasvase? Incluso el modelo hidrológico en que se basa el PHN para justificar el trasvase quedó en cuestión en la reunión de Bruselas y no ha sido suficientemente validado por científicos independientes al propio MIMAM.
Lo que está en juego con el trasvase del Ebro es el modelo de organización territorial de España. Aquellos que reclaman el trasvase lo hacen desde la lógica desarrollista insostenible de los años sesenta del siglo pasado (sólo así se puede afirmar que al Ebro le sobra agua que se pierde en el mar) para seguir con la destrucción de la costa levantina, la sobreexplotación de los recursos y la degradación de los ecosistemas acuáticos. Lo peor de este modelo es que no permite que se desarrollen alternativas sostenibles de gestión del agua. A España no le conviene el trasvase, no sólo por sus efectos ambientales perniciosos, sino muy especialmente para que pueda desarrollarse por fin un modelo alternativo de gestión del agua basado en los principios del desarrollo sostenible. En el momento que los españoles sean capaces de comprender que debemos adoptar una Nueva Cultura del Agua y olvidarnos de los trasvases, presas y regadíos insostenibles, España dejará de estar en el siglo XIX para entrar en el siglo XXI.
Narcís Prat es catedrático de Ecología de la Universidad de Barcelona.
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