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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

La filtración

La oposición pidió ayer explicaciones al Gobierno sobre diversos aspectos relacionados con la reunión mantenida por el ya ex conseller en cap del Gobierno catalán, Carod Rovira, y ETA. No se cuestiona el derecho legítimo de un periódico a informar sobre un hecho de enorme interés público, sino la eventual utilización partidista de un informe de los servicios secretos (CNI). Sería extremadamente grave que desde la Presidencia del Gobierno, destinataria de este tipo de informes, se hubiera filtrado información reservada para obtener réditos electorales.

La sospecha no es gratuita. El PP ha centrado su campaña en torno a unos temas -prioridad de la lucha antiterrorista, riesgos para la unidad de España, vacilaciones del PSOE en su política de alianzas- que convergen en la consigna de que el cambio de mayoría sería peligroso. La noticia de los contactos de Carod, socio del PSOE en el Gobierno catalán, con ETA le hace gratis la campaña al PP. La cuestión es saber si ese efecto fue deliberadamente buscado mediante una filtración de efectos calculados: a mes y medio de las elecciones y el mismo día en que se inauguraba en Madrid el Foro Internacional de Víctimas del Terrorismo, en el que estaba prevista la intervención de Aznar.

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La filtración del informe sobre Carod provoca malestar en el CNI
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El martes por la mañana, horas antes de que se conociera la salida dada por Maragall al conflicto, el candidato del PP, Mariano Rajoy, ya adelantó que el eventual cese de Carod no resolvería nada porque lo que "verdaderamente está en crisis" es el tripartito. El Gobierno de Maragall cuenta con la legitimidad de la amplia mayoría de 74 escaños que le respaldan. Cuestionar esa legitimidad por la desgraciada iniciativa de Carod es abusivo. Y sería algo más que eso si se demostrase que ese efecto había sido deliberadamente buscado con la rápida filtración de este encuentro, pues perjudica sobre todo a la lucha antiterrorista y dificulta la ya difícil tarea de los agentes del CNI.

La responsabilidad política de lo sucedido le corresponde en primera instancia a Carod, al que le ha costado el cargo de conseller en cap. Tampoco el Gobierno de Maragall y por extensión el PSOE han salido ilesos del caso, que aún guarda muchos puntos oscuros. Entre ellos, el uso que desde el Gobierno haya podido hacerse de un informe reservado del CNI, cuya filtración puede causar serios daños en la lucha antiterrorista.

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