Un tribunal anula parte de la ley antiterrorista de Bush

Una juez federal de Los Ángeles asestó ayer un duro golpe al Patriot Act, la ley antiterrorista que el Gobierno estadounidense aprobó poco después del 11-S, al declarar inconstitucionales algunas de sus disposiciones. Es la primera vez que un tribunal cuestiona directamente la polémica iniciativa puesta en marcha por el ministro de Justicia, John Ashcroft, hace algo más de dos años y que ha sido ampliamente criticada por las organizaciones humanitarias y pro derechos civiles.

En su decisión, la juez Audrey Collins aseguró que la sección del Patriot Act que impide a grupos extranjeros considerados terroristas recibir ayuda o consejos de expertos es demasiado imprecisa y por tanto no puede ser aplicada. Irónicamente, el caso no tiene nada que ver con el 11-S. Fue presentado por la organización Humanitarian Law Project en nombre de cinco asociaciones y dos ciudadanos estadouidenses que intentaban respaldar las reinvidicaciones de los refugiados kurdos en Turquía y de los independentistas tamiles en Sri Lanka, grupos que fueron incluídos la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado.

Cuando informaron de sus intenciones, los demandantes fueron amenazados por las autoridades estadounidenses con 15 años de cárcel. David Cole, el profesor de derecho de la Universidad de Georgetown que presentó el caso, habló de victoria "para todo el que piense que la guerra contra el terrorismo debe lucharse siguiendo los principios constitucionales. Subraya lo que muchos llevan diciendo desde hace tiempo, que el Congreso actuó con demasiada rapidez tras el 11-S".

El Departamento de Justicia aseguró que estaba revisando la inesperada decisión. El Patriot Act "es un instrumento esencial en la guerra contra el terrorismo", declaró uno de sus portavoces que minimizó el impacto legal del fallo judicial. La ley otorgó al Gobierno inmensos poderes para vigilar, encarcelar y enjuiciar.