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El Ayuntamiento de Rota archivó un informe del Defensor sobre la base

El Ayuntamiento de Rota (Cádiz), gobernado por una coalición del PP y Roteños Unidos, archivó un informe del Defensor del Pueblo Español, Enrique Múgica, que reconocía el derecho de la ciudad a cobrar impuestos locales al Ministerio de Defensa por la actividad económica y urbanística que desarrolla la base naval de utilización conjunta hispano-norteamericana.

El informe, elaborado a petición del anterior equipo de gobierno, del PSOE, fue emitido por la oficina del Defensor con fecha 3 de julio de 2003, después de las elecciones locales que posibilitaron la alianza entre el PP y la formación independiente para arrebatar la alcaldía a los socialistas.

A pesar de que el documento entró en el registro municipal el día 9 de julio, la Comisión de Gobierno, no acusó recibo del texto hasta el pasado mes de diciembre. Una vez conocido, lo archivó sin dar publicidad a su contenido.

El actual portavoz socialista y anterior alcalde de la corporación roteña, Domingo Sánchez Rizo, aseguró ayer que el nuevo de gobierno "ocultó el informe para no abrir un frente político con el Gobierno, del PP, al que se le demanda el pago de los impuestos locales".

Sánchez Rizo aseguró que la obligación de los nuevos gestores "es defender los intereses de los ciudadanos de Rota y no mantener posturas partidistas".

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El informe del Defensor del Pueblo, de nueve folios, recuerda que la demanda del Ayuntamiento está reconocida por una sentencia del Tribunal Supremo fechada el 16 de julio de 2002. En este texto se señala que las instalaciones "comerciales, económicas y deportivas" de la base no están sujetas al régimen propio de Defensa y, por lo tanto, no están exentas del pago de impuestos.

El Defensor reconoce la dificultad que encuentra el Ayuntamiento a la hora de determinar las actividades económicas y urbanísticas de la reserva militar "en razón a las trabas que se imponen para el acceso a la base". Concluye el texto que deberá ser competencia de los ministerios españoles de Defensa y Exteriores "facilitar los datos necesarios para el ejercicio de las facultades tributarias".

Sánchez Rizo atribuyó el silencio del nuevo Gobierno a un supuesto compromiso adquirido por el alcalde, Lorenzo Sánchez Alonso, de Roteños Unidos, con el ministro de la Presidencia, Javier Arenas, para silenciar el informe del defensor "a cambio de pequeñas inversiones en costas y obras de canalización de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir".

El portavoz socialista calificó este hecho como "grave" y aseguró que "marca el estilo del nuevo equipo, que no está por defender los intereses generales".

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