¡Cielos! ¡Nos dan la razón!

Los socialistas estamos poniéndonos de moda conforme cada vez más gente empieza a darnos la razón. Si el nuevo alcalde de Madrid ha recuperado el bordillo bus de los equipos de gobierno socialistas, la Comisión Europea acaba de reconocer, en su Informe de Primavera, la validez de nuestras críticas a la política económica del PP como antes lo hizo el FMI, y antes aún, los analistas privados.

Nosotros nunca confundimos la casualidad de la llegada al Gobierno del PP en 1996 con la causalidad de una recuperación económica que empezó dos años antes. Tampoco comulgamos con la idea de que si la economía iba bien era porque la política económica era adecuada. Las grandes tendencias de la economía en un mundo globalizado no dependen de los gobiernos.

Hay que hacer una política económica distinta para crecer de otra manera

Hace unos tres años que los analistas privados internacionales, al referirse a la economía española, acuñaron el término "riesgo regulatorio" para señalar la discrecionalidad, el intervencionismo, el amiguismo con el que se adoptaban determinadas decisiones regulatorias que afectaban a sectores básicos como el energético (tarifas y costes de transición a la competencia) o las telecomunicaciones (tarifas, bucle local, cuota fija, etcétera).

Teníamos, pues, razón los socialistas cuando habíamos calificado al Gobierno del PP como el más intervencionista de la democracia española después de haber privatizado a favor de sus amigos, haber llevado a cabo liberalizaciones sin competencia, es decir, falsas liberalizaciones, y haber actuado sin criterios objetivos en la autorización o no de procesos de fusiones empresariales o de OPA.

Para evitarlo, venimos proponiendo cambios normativos que reduzcan la capacidad decisoria del Gobierno, incrementando la independencia y capacidad de los órganos reguladores sectoriales y del Tribunal de Defensa de la Competencia.

Apenas unos meses atrás, el informe del Fondo Monetario Internacional sobre España, dentro de un contexto favorable para el Gobierno, acuñó el concepto de "riesgo fiscal potencial" para señalar determinadas prácticas contables llevadas a cabo por el Gobierno del PP que permiten enmascarar déficit público bajo la fórmula de préstamos, endeudamiento o colocación en empresas públicas que no consolidan. Con ello, daba la razón a las críticas que venimos haciendo los socialistas al dudoso proceso de consolidación fiscal llevado a cabo en estos años, así como a la existencia de un importante volumen de déficit oculto muy alejado del cacareado déficit cero.

El Gobierno del PP ha estado más preocupado por la cantidad del gasto público que por la eficacia y la eficiencia en la gestión del mismo, como le ha preocupado más la cantidad de los ingresos que la equidad con que se recaudan. Una gestión presupuestaria anticuada, plagada de contabilidad creativa, que blinda a los presupuestos frente a la coyuntura económica y traslada gasto hacia el futuro era la crítica socialista que el FMI ha llamado riesgo fiscal potencial.

Con intención de reducirlo, hemos propuesto un nuevo reparto de la carga tributaria socialmente más justo, una Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y nuevas normas de transparencia informativa con más control del Parlamento.

Ahora, la Comisión Europea critica dos aspectos esenciales de la política económica del PP: un modelo de crecimiento desequilibrado, basado en el consumo y la construcción, es decir, el endeudamiento de las familias con bajos tipos de interés, así como un fracaso en la puesta en marcha de la llamada estrategia de Lisboa que debería insertarnos en la economía del conocimiento.

Dicho fracaso explica nuestra baja productividad y la pérdida de competitividad cuando tenemos un diferencial positivo de inflación en un modelo basado más en bajos salarios que en valor añadido. Justo lo que vienen siendo las críticas socialistas: que los datos demuestran que, como país, hemos fallado en lo fundamental, que era la sociedad de la información, y que nuestro crecimiento económico actual se basa más en el ladrillo que en el capital humano y, con ello, está sentando las bases de su agotamiento. Por ello, decimos, hay que hacer una política económica distinta, para crecer de otra manera, invirtiendo en formación, en I + D, en valor añadido, nuevas tecnologías, a la vez que se combate la precariedad laboral y se distribuyen con más equidad los frutos de ese crecimiento.

Riesgo regulatorio, riesgo fiscal potencial, crecimiento basado en el endeudamiento privado y fracaso en nuestra aproximación a la sociedad del conocimiento no son críticas menores o de detalle a una gestión económica. Y no son ya, sólo, acervo de los socialistas españoles, sino que cada vez más se están incorporando a los análisis hechos de manera independiente por organismos internacionales y analistas privados frente a los cuales poco pueden las campañas publicitarias del Gobierno.

Sin duda, han pasado muchas cosas positivas en nuestra economía durante los últimos años. Algunas, por cierto, empezaron antes de la llegada del PP al Gobierno. Pero también se han cometido errores y abusos que cada vez van adquiriendo más importancia, porque empiezan a lastrar nuestras posibilidades de seguir creciendo y mejorando.

Todo lo conseguido en estos años no puede ocultar que en España seguimos trabajando un porcentaje menor de ciudadanos que en la media de la Unión Europea, que los que trabajan lo hacen durante más horas y por menos salario, son menos productivos y tienen menos prestaciones sociales y ayudas públicas que en la media europea.

Ésos son los desafíos del futuro, del próximo Gobierno, que difícilmente se podrán abordar ni con las recetas del pasado, que han dejado mucho que desear como hemos visto, ni con la cabeza mirando obstinadamente hacia atrás. Hasta ahora, los socialistas hemos tenido buenas razones para criticar la política económica del Gobierno del PP. Ahora, además, se nos empieza a dar la razón. Sin duda, es el comienzo de un cambio.

Jordi Sevilla Segura es secretario de Política Económica y Ocupación en la Ejecutiva del PSOE.