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Las organizaciones de discapacitados piden a Trabajo que suspenda el recorte de su pensión

La eliminación de la ayuda de 300 euros al mes afectará este año a unas 6.000 familias

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que agrupa a más de 2.000 asociaciones y entidades y representa a tres millones y medio de discapacitados, ha pedido al Gobierno que "adopte con urgencia las medidas necesarias para dejar sin efecto la incompatibilidad" del cobro de la pensión de orfandad y la prestación familiar por hijo con discapacidad. Además, ha pedido a todos los partidos que se presentan a las elecciones del próximo 14 de marzo que incluyan en sus programas la reforma de la ley en vigor desde el 1 de enero.

A través de una nota difundida a última hora del miércoles, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que dirige Eduardo Zaplana, ha precisado que la ley no tiene efectos retroactivos y que las personas que cobran ambas prestaciones, por ser huérfanos mayores de 18 años con al menos un 65% de discapacidad, las seguirán percibiendo. También tendrán derecho a la doble prestación quienes quedaran huérfanos antes del 1 de enero, aunque la solicitud la hayan presentando con posterioridad.

En la actualidad, compatibilizan la ayuda por discapacitado a cargo (de unos 300 euros mensuales) y la pensión de orfandad (un mínimo de 1.590 euros anuales) 107.000 personas.

El problema se plantea para entre 5.000 y 7.000 personas que cada año adquirían el derecho a percibir ambas prestaciones y ahora pierden una de ellas, por lo que verán reducidos sus ingresos en torno al 40%.

Aunque no tenga carácter retroactivo, el CERMI advierte de que esta medida "ha causado alarma e inquietud en miles de familias que tienen hijos gravemente afectados por alguna discapacidad" y que ven recortadas las "ayudas sociales, siempre escasas, que reciben".

Por ello, dicha organización ha pedido al Gobierno "que dé instrucciones para que se produzca una moratoria de facto en la aplicación de la incompatibilidad, de modo que ninguna persona con discapacidad ni familia se vea perjudicada en su actual grado de protección".

La incompatibilidad entre ambas prestaciones figura en la Ley de Medidas Específicas en Materia de Seguridad Social, por lo que sólo otra norma con rango de ley puede volver a la situación anterior. Por eso, el CERMI se ha dirigido a todos los partidos que se presentan a las próximas elecciones generales para pedirles que incluyan en su programa electoral "la modificación inmediata de la legislación para restablecer la compatibilidad entre ambas prestaciones y que se evite el perjuicio y quebranto creado por la normativa vigente".

Esta demanda está dirigida principalmente hacia el PP, ya que el PSOE ha recogido la compatibilidad de ambas pensiones en su programa electoral y CiU, con el respaldo de toda la oposición, se opuso a la reforma en el Congreso.

"Inseguridad económica"

"Muchas familias", explica el CERMI, "venían planificando el futuro económico de sus hijos, en situación de aguda dependencia, contando con los ingresos que proporcionaría la asignación por hijo a cargo de la Seguridad Social y, llegado el momento, la pensión de orfandad, causada por la muerte inevitable de uno o de los dos progenitores. Ese nivel de ingresos ayudaría a atender las necesidades básicas de la persona con discapacidad grave. Con la medida cuya derogación se solicita, la seguridad económica familiar queda en entredicho, obligando a las familias a vivir en una situación de permanente inseguridad económica".

El CERMI asegura que se ha puesto en contacto con el Gobierno "para buscar una solución satisfactoria a un conflicto que perturba profundamente a las personas y familias que verían lesionadas gravemente sus expectativas de protección social".

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad agrupa a las 10 principales organizaciones nacionales de discapacitados (incluidas COCEMFE, FEAPS, CNSE, FIAPAS, ASPACE y ONCE) y varias plataformas autonómicas, por lo que agrupa a más de 2.000 asociaciones.

En declaraciones a Servimedia, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Fernando Castelló, ha acusado al PSOE de hacer demagogia y sembrar el miedo y la intranquilidad entre las personas con discapacidad y de hacer electoralismo con este problema.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 23 de enero de 2004