De Gispert justifica el precio de la finca del Bages en la que se debía construir una cárcel

La ex consejera de Justicia e Interior del Gobierno catalán Núria de Gispert considera que los terrenos que compró el Instituto Catalán del Suelol (Incasol) en Sant Joan de Vilatorrada (Bages) no se pagaron a un precio elevado y asegura que la operación contaba con los informes favorables de los técnicos del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.

Justicia ordenó al Incasol la compra de una finca rústica de 42 hectáreas, sin posibilidad de recalificación, en el término de Sant Joan de Vilatorrada por la que pagó 5,2 millones de euros. La empresa vendedora había adquirido los terrenos poco antes por 1,3 millones. "Siempre que adquiríamos unos terrenos teníamos todos los informes necesarios del Departamento de Política Territorial y en este caso no se consideró un precio elevado", aseguró De Gispert.

Según la ex responsable de Justicia, se tuvo en cuenta que "los terrenos en el futuro podían tener un valor como zona industrial", aunque el último plan urbanístico de Sant Joan, aprobado el pasado mes de junio, y el Plan de Paisaje del Consejo Comarcal del Bages indican que esta es una zona que preservar por su valor medioambiental y de equilibrio en un entorno ya muy presionado por la implantación industrial, y la protegen especificando que se trata de suelo rústico.

Según la ex consejera De Gispert, el precio por hectárea que pagó la Generalitat es similar al de las expropiaciones que se estan realizando para construir la línea del AVE.

Prisión, ni sí ni no

La ex consejera indicó que la decisión definitiva sobre la ubicación de una prisión en el Bages aún no estaba tomada y que había otras posibilidades, como instalar un centro de menores o algun campo de prácticas de los Mossos d'Esquadra, y criticó al actual titular de Justicia por haber dado a conocer que el terreno adquirido era para construir una prisión.

Sin negar que la cárcel pudiera ser el destino final del terreno, De Gispert añadió, refiriéndose al actual consejero de Justicia, que "ahora tiene un problema". La ex consejera afirmó que al conocerse la noticia del objetivo de instalar en los terrenos una prisión se genera de inmediato una amplia contestación popular, cuando la Generalitat ya se ha gastado 5,2 millones de euros en la adquisición.

El Ayuntamiento de Sant Joan y los de Santpedor y Sant Fruitós, que limitan con la finca vendida, ya se han pronunciado en contra. De Gispert justifica el silencio de su Departamento de Justicia por la reacción que se genera en contra de estas instalaciones.

Los ayuntamientos han acusado al Gobierno de CiU de haber escondido la operación y los responsables de la empresa que vendió la finca también se han sentido engañados.