Ataque contumaz y persistente

"La conducta de los condenados fue gravísima (...), reiterándose de forma persistente y contumaz durante varios años, con desafío a cuantas autoridades gubernativas o judiciales intentaron ponerle coto". Así describe la Audiencia de Alicante la actuación y el talante del ex alcalde de Pego Carlos Pascual y su teniente de alcalde José Orihuel. A lo largo de más de 30 páginas, el tribunal desgrana un sinfín de tropelías y agresiones contra el espacio protegido entre 1996 y 1999, con los testimonios de la impotencia de los que intentaron frenar la degradación del humedal. El primero de ellos, el del director del parque, Vicente Urios, víctima de un "atentado a funcionario público" que a Pascual le ha costado la mitad de la condena. El 11 de marzo de 1997, inspeccionó la zona avisado de varios incendios, y al intentar abandonar el lugar, Pascual "se puso delante del vehículo impidiéndole la salida y animando a la gente allí congregada, unas cincuenta personas, a que no lo dejaran salir". Una hora estuvo retenido Urios, tiempo "durante el cual el acusado provocó el enfrentamiento entre los agentes de la Policía Local y los vecinos con miembros de la Guardia Civil".

También recoge el tribunal el relato de un agente forestal, que vio cómo Pascual impidió el 25 de noviembre de 1996 el paso a los bomberos, que habían acudido a apagar uno de los numerosos incendios intencionados, y les forzó a marcharse alegando que se trataba de una quema de las de "toda la vida". El jefe de los bomberos de Dénia lo confirma y añade que ocurrió lo mismo otra vez pero prefirió no entrar "en discusiones".

A la Guardia Civil tampoco le fue mejor en su trato con Pascual y Orihuel. Un agente recuerda que uno de los imputados -luego absuelto- por incendiar el marjal se negó en una ocasión a facilitar su identificación tras indicarle Orihuel que no contestara. Al igual que los bomberos o los funcionarios o agentes de la Consejería de Medio Ambiente, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil vio vetado su paso al marjal por orden de Pascual, que mantuvo durante meses a la Policía Local "vigilando la entrada" al parque, mientras se sucedían los incendios, realizados incluso con sopletes, seguidos de la rápida roturación de las tierras con los rescoldos aún calientes. Los atestados del Seprona, además, están llenos de transformaciones de gran impacto al contratar los acusados obras con maquinaria pesada. Como muestra, un atestado del 16 de abril de 1997, en el que un agente contabiliza "siete tractores roturando terrenos del marjal y dos máquinas retroexcavadoras dragando un canal". En agosto del año siguiente, el mismo agente calculó que se habían depositado en una zona del parque "unos veinticinco camiones de tierra, piedra y escombros procedentes de reforma de vía asfaltada" y se había abierto un nuevo camino de cinco metros de ancho. Un mes después, otro guardia civil exhibió un auto judicial para intentar evitar que las retroexcavadoras de la empresa Ruzafa, SL, abrieran un canal y construyeran un muro en el río Racons. No hubo manera.

"En conclusión", como dice la sentencia, de las 1.250 hectáreas del parque natural de Pego-Oliva, se dañaron directamente 600 hectáreas de la zona húmeda, "pero resultó afectada la totalidad de la misma". La factura, de confirmarse la sentencia en el Tribunal Supremo, ascenderá a 1,2 millones de euros, a pagar por Pascual y Orihuel. Si éstos no pueden, el Ayuntamiento y la Comunidad de Regantes deberán hacerse cargo del coste de restaurar el parque, tras haber invertido años en su desaparición.