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Tribuna:DEBATE | ¿Hay que desbloquear las listas electorales?

Regenerar el sistema político

La elaboración de las listas electorales por parte de las direcciones de los partidos -listas cerradas y bloqueadas entre las cuales deben elegir los votantes- es uno de los asuntos candentes en momentos preelectorales como el actual. ¿Serviría o no, para revitalizar el sistema de participación democrática, que se desbloquearan las listas de diputados o concejales y el votante tuviera la posibilidad de elegir entre varios candidatos, como ocurre para integrar el Senado? Aquí se reflejan argumentos divergentes sobre los alcances y efectos que tendría una medida de ese tipo.

Desde 1989, todos los partidos y varios presidentes autonómicos han propuesto reformar el sistema electoral. Pero ninguno ha presentado una iniciativa legislativa para cambiarlo. ¿Por qué esta contradicción? Sencillamente porque las cúpulas partidarias disponen de una capacidad ilimitada para quitar y poner en las listas a quienes deseen. Las listas han resucitado el encasillado de la Restauración; basta repasar la prensa en estos días para comprobarlo. Las prácticas arbitrarias aumentan elección tras elección. Nos hemos acostumbrado a las imposiciones y anomalías en la selección de candidatos. La lógica de la elección se ha invertido: las cúpulas seleccionan a los parlamentarios y concejales, no los votantes. Para quienes aspiran a ir o continuar en listas la supervivencia política depende de su habilidad para sortear los vaivenes internos, no de su proyección hacia la sociedad.

La clave no estriba sólo en las listas cerradas, sino en el procedimiento de elaboración

La clave del sistema electoral no estriba sólo en que las listas sean cerradas y bloqueadas (para el Senado son abiertas y desbloqueadas, sin mejora del sentimiento de representación), sino en el procedimiento de elaboración: quién y cómo las hace y ordena. Ni la ley electoral ni la de partidos regulan esta trastienda abandonada al arbitrio de cada partido. Desde la transición, los partidos han concentrado cada vez más el poder en sus cúpulas, acentuando sus rasgos burocráticos: han dilatado los periodos entre congresos (de uno o dos a tres o cuatro años) prolongando los mandatos de los dirigentes, los órganos encargados de controlar sus ejecutivas están masificados y apenas se reúnen, los estatutos se aplican elásticamente, han adoptado listas cerradas y bloqueadas en sus elecciones internas, etcétera. Coherentemente, los procedimientos de selección de candidatos combinan tres elementos: 1) son manipulables desde arriba; 2) dejan a las direcciones regionales o locales discrecionalidad para hacer "sus" listas, y 3) evitan o hacen imposible que los políticos que tengan posiciones diferentes a las oficiales puedan recurrir a los afiliados o a los votantes para conseguir un puesto en listas.

Resultado, las estructuras de los partidos son tan rígidas que las crisis se hacen crónicas (véanse UCD, PCE-IU, PNV-EA, AP-PP, PSOE). Las tensiones internas son a todo o nada porque quien pierda lo perderá todo, y las victorias son tan totales que desembocan en congresos a la búlgara. Surgen corrientes a la caza de despojos. Faltan ideas y cuadros para impulsar nuevos proyectos cuando se agotan las etapas. Esta disfuncionalidad de los partidos ya es un argumento decisivo para reformar nuestro sistema político.

¿Qué hacer? Se habla con frecuencia de listas abiertas, aunque en realidad lo que se propone son listas no bloqueadas, esto es, los votantes podrían señalar algunos entre los candidatos de la lista cerrada correspondiente -que se haría como hasta ahora-. Sería un timidísimo e insuficiente avance, este sistema se empleó en Italia hasta 1994 conviviendo con la insatisfactoria política de la posguerra. El problema es más complejo que desbloquear las listas. Se trata de hallar procedimientos que contrapesen el poder ilimitado de las cúpulas en la selección del personal político, dando a los candidatos que tengan posiciones diferentes a las oficiales o apoyos sociales propios la oportunidad de ganar su puesto en las listas mediante los votos. Esto daría a los partidos más debates y líderes alternativos.

Se ha propuesto un sistema electoral inspirado en el alemán, en el que la mitad de los diputados se elige en distritos uninominales y la otra mitad en listas regionales (provinciales en nuestro caso), con distribución de los escaños proporcional a los votos de cada partido. Pero el sistema electoral es inseparable del funcionamiento de los partidos, ya que las listas reflejan la relación de fuerzas internas. Por ello, en Alemania la ley electoral regula también la elección de los candidatos en los partidos. Para los distritos uninominales mediante primarias en las que los afiliados eligen entre los candidatos que se presenten, aunque la ejecutiva regional puede convocar una segunda votación si el ganador no le satisface, cuyo resultado es definitivo. Las listas regionales se aprueban mediante asambleas de compromisarios. Estos procedimientos se aplican a elecciones regionales y locales. La ley de partidos establece congresos cada dos años, regula su actividad interna (composición de los órganos, sistemas de elección, etcétera) y la auditoría de cuentas. En Gran Bretaña, el Partido Laborista celebra congresos anuales y los afiliados eligen a los candidatos a diputado, concejal o líder del partido. Estos procedimientos limitan, en parte, el poder de las cúpulas, y permiten la presencia en la política de dirigentes con apoyos sociales y visiones del futuro que pueden activarse en momentos de crisis.

¿Trasladar estos modelos a España?, ¿por qué no? La ley electoral debería regular, para todos los partidos, que los afiliados (incluso los ciudadanos que se declarasen simpatizantes de un partido apuntándose para ello en un censo oficial dependiente de la Junta Electoral) eligieran en primarias a los candidatos a presidentes del Gobierno y autonómicos y alcaldes, y a los candidatos a diputado o concejal de su zona de residencia, mediante voto a personas -no a listas-. La experiencia aconseja que estas primarias se organicen de forma oficial, no por los aparatos de los partidos. La ley de partidos, como la alemana, debería regular su funcionamiento democrático, la celebración de congresos cada dos años, al menos, y la publicación de sus estatutos en el BOE. En otros temas queremos converger con Europa, en política debemos intentarlo.

José A. Gómez Yáñez. Profesor asociado de Sociología de la Universidad Carlos III.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de enero de 2004