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El PP trata de apuntalar a Carlos Fabra en un cargo que la oposición considera insostenible

El presidente de la Diputación de Castellón retoma su agenda para dar imagen de normalidad

Desbordados por las revelaciones que se suceden a diario sobre las actividades privadas del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y sus labores de intermediación en beneficio de particulares, el PP ha decidio aferrarse a la inadmisión en los juzgados de las querellas presentadas por el empresario Vicente Vilar para apuntalar la continuidad en su cargo del político castellonense. Fabra intentará trasladar a partir de mañana una imagen de "normalidad" recuperando su agenda política tras cuatro semanas de inactividad pública, mientras la oposición considera insostenible su posición.

Fuentes del Partido Popular reconocen que el caso Fabra les ha colocado en una situación incómoda en plena campaña electoral, ya que el escándalo permite a la oposición arrojar la sombra de la corrupción sobre su gestión. Una sombra que se suma a la imagen de división que se ha trasladado fuera del partido tras las discrepancias entre Eduardo Zaplana y Francisco Camps.

Un dirigente del PP confiesa que si las supuestas irregularidades de Carlos Fabra estuviesen relacionadas con su actuación en la Diputación de Castellón siempre podría dimitir alguien de menor rango para frenar el escándalo. Sin embargo, el hecho de que las denuncias del empresario Vicente Vilar se refieran a un supuesto tráfico de influencias relacionado con una empresa de la que Fabra posee el 90% de las acciones (Carmacas, SL) y con otra sociedad (Artemis 2000) en la que su mujer María Amparo Fernadez ostenta el 50% del capital colocan al presidente de la Diputación de Castellón en primera línea de fuego. Otras fuentes del PP reconocen que les entra vértigo sólo de pensar en la posibilidad de tener que buscar recambios en la presidencia de la Diputación y del PP provincial de Castellón a dos meses de las elecciones generales.

En esta coyuntura, el PP abrió el viernes dos nuevas líneas argumentales de defensa: una primera basada en descalificar la personalidad del denunciante Vicente Vilar ("No vamos a participar en la estrategia de un individuo denunciado por su ex mujer por distintas fechorías", dijo el consejero de Presidencia, Alejandro Font de Mora) y su supuesta connivencia con los partidos de la oposición ("Las querellas de Vilar fueron repartidas por el Grupo Socialista de la Diputación de Castellón"). La segunda línea de defensa se basa en enfatizar la inadmisión de las querellas de Vilar en los juzgados de Nules -una por defecto de forma y otra por falta de indicios de delito- y obviar la decisión de una de las jueces de abrir un procedimiento penal y solicitar al fiscal que investigue. El PP tiene la esperanza de que esta investigación no arroje elementos nuevos de juicio hasta pasadas las elecciones generales del 14 de marzo.

Así, después de cuatro semanas de inactividad pública, Carlos Fabra retomará mañana su ritmo de comparecencias para tratar de mostrar una imagen de normalidad. De esta manera, con el consejero de Sanidad, Vicente Rambla, de acompañante, Fabra romperá el paréntesis que se impuso en sus apariciones en público. Tres son los actos previstos para mañana en los que, previsiblemente, el presidente de la Diputación de Castellón intentará eludir, una vez más, las preguntas sobre las denuncias formuladas.

El secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, aseguró ayer en Madrid que mantener a Fabra como presidente de la Diputación es "insostenible" después de que una juez haya decidido "abrir un procedimiento de oficio al apreciar indicios racionales de delito". "Este escándalo político tiene un punto de inflexión en la medida adoptada el viernes por la juez, por lo que el salto es cualitativo desde el punto de vista judicial", dijo Pla. Añadió que "aplicando la teoría del señor Aznar de la incompatibilidad de la corrupción con el PP, Mariano Rajoy debería exigir a Carlos Fabra que deje las presidencias de la Diputación y del partido en la provincia".

Por su parte, el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, afirmó ayer en Córdoba que "el PP tiene una difícil papeleta" en el caso Fabra.

Gaspar Llamazares pidió al presidente del Gobierno, José María Aznar, que aplique "las recetas que pedía en la oposición ante un caso de corrupción" y exija que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, "dimita y se ponga a disposición de los jueces".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de enero de 2004