El veto a los signos religiosos divide a la comunidad educativa francesa

Lejos del aparente consenso político sobre la prohibición de signos religiosos en la escuela, el Consejo Superior de la Educación de Francia mostró ayer la profunda división de la comunidad educativa y social en torno a esa cuestión. El proyecto de ley sometido a su consideración recibió 16 votos a favor y 9 en contra, en una reunión donde 16 personas se abstuvieron y 29 rechazaron ejercer el derecho de sufragio. Otros 27 miembros del consejo faltaron a la sesión.

A favor del proyecto votaron los sindicatos de directores de centros y de inspectores de educación, así como Medef (la patronal más importante). En contra lo hicieron los representantes de la Federación de Padres de Alumnos, que estima esta ley como un "reconocimiento de impotencia", y un sindicato de estudiantes de secundaria. El grueso de los sindicatos de enseñanza y la federación de padres de alumnos del sector privado se repartieron las abstenciones y las negativas a votar, en unos casos por desacuerdo con la redacción del texto y en otros como expresión de diversos malestares.

Técnicamente el proyecto quedó aprobado y listo para que el titular de Educación, Luc Ferry, lo lleve al Consejo de Ministros. El articulado, muy corto, se limita a prohibir "los signos y vestimentas que manifiesten ostensiblemente la pertenencia religiosa de los alumnos" en "escuelas, colegios y liceos públicos". Y se fija su entrada en vigor al comienzo del curso escolar siguiente a su promulgación. El Ministerio de Educación reafirmó ayer que las medidas serán aplicadas a partir de septiembre próximo.

La división de la comunidad educativa precede a la manifestación convocada en París para mañana por el Partido de los Musulmanes de Francia, un grupo considerado fundamentalista. La policía se está preparando para una concentración que desbordará los límites del integrismo, dada la movilización observada en los barrios con fuerte población islámica. El cardenal Jean-Marie Lustiger, arzobispo de París, lamenta una ley que "puede reabrir una guerra religiosa".