Reto de la Comisión

La Comisión Europea ha optado, tras la oportuna consulta a sus servicios jurídicos, por someter al Tribunal Europeo de Justicia la decisión de los ministros de Finanzas (Ecofin) de suspender temporalmente el procedimiento sancionador del Pacto de Estabilidad y Crecimiento contra Francia y Alemania por exceder el límite de déficit (3%) fijado para garantizar la estabilidad monetaria europea. El acuerdo de la Comisión, al que se opusieron varios comisarios, entra en un terreno no explorado y de consecuencias por nadie previstas. El recurso contra lo que se ha interpretado como una ruptura de hecho del Pacto de Estabilidad es legítimo, por supuesto, pero no facilita la normalidad de la coordinación de las políticas económicas en Europa.

El paso dado supone un elemento añadido de perturbación a los ya existentes en la compleja toma de decisiones de las instituciones comunitarias, pues se trata nada menos que de un movimiento de la Comisión contra el Consejo de Ministros. Como ha reconocido públicamente el primer ministro belga, este enfrentamiento "no es una buena cosa". Tampoco se ha mostrado partidario de este contencioso el presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox.

Que el proceso abierto no depare resultados favorables no significa que el comisario Solbes no haya hecho lo que probablemente debía hacer: clarificar un conflicto competencial con el fin de conocer el alcance de la suspensión. Lo ideal sería que esa denuncia, que la Comisión pide al Tribunal que resuelva por la vía de urgencia, no condicionara la necesaria revisión en profundidad del Plan de Estabilidad, en parte sugerida, aunque ciertamente tarde, por el propio comisario. Esta reforma, que requiere un consenso pleno entre los países de la eurozona, ha de conducir a medidas más afinadas para conocer las divergencias económicas internas.

El déficit como indicador de estabilidad se ha demostrado excesivamente manipulable por las habilidades de la contabilidad pública y, además, hay circunstancias políticas que superan la urgencia de estabilidad presupuestaria de una economía, como le ocurre a Alemania con su proceso de unificación. Esta medida debería corregirse con la del stock de deuda pública, más indicativa de la marcha real de las cuentas públicas. Además, debería prestarse la atención debida a la agenda reformista de cada país y a sus requisitos de inversión pública. Hacer de la necesidad virtud es lo que cabe exigir ahora a la Comisión. No es el momento de empantanar decisiones, sino de mejorar los instrumentos económicos disponibles.