El Constitucional italiano invalida la inmunidad judicial de Berlusconi
El presidente del Gobierno queda de nuevo expuesto a una condena por soborno a jueces
El Tribunal Constitucional italiano dio ayer un no rotundo a la ley que concedía inmunidad frente a la justicia al primer ministro, Silvio Berlusconi, y a otros cuatro altos cargos institucionales. Berlusconi quedó de nuevo expuesto a una condena por soborno de jueces en el caso Sme, por el que en noviembre ya fue condenado a cinco años de cárcel el principal abogado de su imperio empresarial, Cesare Previti. Forza Italia, el partido del primer ministro, calificó la sentencia de "política". Uno de sus parlamentarios acusó de "comunistas" a los miembros del Constitucional.
Los partidos de la oposición de centro-izquierda se mostraron eufóricos. "Ha vencido la legalidad", declaró el secretario general de los Demócratas de Izquierda (ex comunistas), Piero Fassini. Para Antonio di Pietro, europarlamentario y ex fiscal-estrella de la Operación Manos Limpias, la de ayer fue "una noticia bellísima". Resultó lo contrario a ojos de la mayoría conservadora de Berlusconi, que en diciembre sufrió ya otro bofetón institucional, con la negativa del presidente Carlo Azeglio Ciampi, a promulgar una ley de televisiones que consolidaba la hegemonía de las empresas del presidente.
El Constitucional admitió por completo los recursos que presentaron varias formaciones de izquierda tras la aprobación de la ley de inmunidad, conocida como laudo Schifani, el 18 de junio de 2003. La máxima magistratura del país consideró que la plena inmunidad establecida por el laudo Schifani para el presidente de la República, los presidentes del Senado y de la Cámara, el presidente del Gobierno y el presidente del propio Tribunal Constitucional vulneraba el artículo 3 de la Carta Magna, según el cual "todos los italianos son iguales ante la ley", y el artículo 24, sobre el derecho a la defensa legal. Cinco de los 15 magistrados votaron en contra de la decisión.
Hecho a su medida
La ley de inmunidad incluía al presidente de la República y a otros altos cargos por razones puramente estéticas. Era, en realidad, un texto hecho a medida de Berlusconi, que anoche no hizo declaraciones. En mayo del año pasado, cuando el proyecto redactado por el parlamentario forzista Renato Schifani se debatía en la Cámara, el primer ministro dijo sentirse "víctima de una persecución política" y obligado a defenderse. Tres días después hizo uno de los comentarios que contribuyen a su celebridad: "Nosotros, los de Forza Italia, tenemos una moralidad de nivel tan elevado que los demás no pueden hacer menos que notarlo". El 18 de junio de 2003, cuando la mayoría conservadora de la Cámara aprobó la conflictiva ley, Berlusconi remachó: "Es el fin de mi calvario".
El presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, firmó la ley a regañadientes. Oficialmente, señaló que no percibía "una inconstitucionalidad clara" en el texto. Por vías menos formales, hizo saber que se plegaba a los deseos del Gobierno porque prefería no enturbiar aún más el clima político del país, cuando estaba a punto de comenzar la presidencia semestral italiana de la Unión Europea.
La primera reacción de Forza Italia ante la sentencia fue de rabia y la expresó, mejor que nadie, el diputado Carlo Taormina: "¡Malditos comunistas!", gritó. Con más calma, añadió: "Sabíamos desde hacía tiempo que el tribunal estaba compuesto por personalidades que no eran de alto nivel técnico, sino de alto nivel político; la sentencia es política, constatamos por enésima vez que el uso instrumental de la justicia es constante, y que no conseguimos liberarnos de él".
El coordinador de Forza Italia, Sandro Bondi, afirmó que la sentencia hacía que Italia fuera "un poco menos europea". "Ahora debemos reflexionar sobre las razones políticas e institucionales que nos han llevado a este resultado", declaró.
Empezar desde el principio
En un país caracterizado por la lentitud de la justicia, el caso Sme constituye un ejemplo de tortuosidad. Arranca de la privatización, en 1986, de la empresa alimentaria pública Sme, tutelada hasta entonces, como responsable de la industria estatal, por el hoy presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi. Sme fue adjudicada al empresario Carlo de Benedetti. Pero un grupo de empresarios rivales, dirigido por Silvio Berlusconi, recurrió la adjudicación ante los tribunales. Éstos dieron la razón a Berlusconi y compañía. Benedetti contraatacó, por su parte, con una denuncia en la que acusaba a Berlusconi de sobornar a los dos jueces encargados del asunto.
Silvio Berlusconi; el abogado del holding Fininvest, Cesare Previti, y varios jueces fueron procesados bajo la acusación de corromper magistrados y de falsear sus balances. Así comenzó la última fase del caso Sme. Berlusconi fue salvado en junio por la campana de la ley de inmunidad, que suspendió la causa seguida contra él. Previti, en cambio, fue condenado a cinco años en noviembre, no por sobornar a los dos jueces que decidieron sobre la privatización, sino por tener a sueldo a Renato Schillante, por entonces juez jefe de Roma. El dinero de la corrupción procedía de cuentas de Fininvest, el holding propiedad de Berlusconi.
El juicio contra Berlusconi no podrá reiniciarse donde se quedó en junio. Como el tribunal encargado del asunto ya pronunció sentencia y es imposible que una misma sala juzgue dos veces el mismo caso, el sumario contra Berlusconi deberá ser enviado a otra sala de Milán y comenzar, probablemente, desde el principio.
