Teófila Martínez y el Senado

Que la Constitución en su texto y el Senado en su reglamento precisan de una responsable modificación a fin de adaptarse ambos a la realidad política de España, es algo que nadie duda, por mucho que desde el Gobierno de la nación se hayan puesto todas las trabas posibles a tal actuación.

Ni el Senado es en la práctica la Cámara de representación territorial, como recoge el artículo 69 de la Carta Magna, ni su reglamento ofrece los cauces más adecuados para lograr este fin.

En un Estado como el español, sometido a las tensiones que se derivan de la organización territorial que en su título VIII diseñó la Constitución, se hace ahora más precisa que nunca una Cámara parlamentaria con capacidad real para debatir y decidir sobre los asuntos autonómicos o, si se considerase que existiesen otros foros más cualificados para dicho cometido, su disolución al carecer de contenido singular su función.

Esta opinión, que se viene desarrollando en la inmensa mayoría de los círculos políticos del país, se ve refrendada por altos representantes del propio Partido Popular (PP), los cuales, no con la voz evidentemente, pero sí con su propia actitud, confirman la necesidad de la reforma.

Entre ellos, y por circunscribirnos a nuestra comunidad autónoma, Teófila Martínez, presidenta regional del PP, se ha mostrado como una de las más vehementes defensoras de la reforma del Senado, al poner de manifiesto el escaso valor de la Cámara como foro autonómico.

No es necesario sino recurrir a los diarios de sesiones de la Cámara alta o a la página web www.senado.es, para descubrir el escaso valor que al papel de esta sede parlamentaria le brinda quien aspira a presidir una comunidad autónoma.

Como datos significativos podríamos aportar que a lo largo del último año la presidenta popular sólo asistió a una sesión plenaria -aunque su sueldo institucional lo percibe de dicha Cámara- y sólo y exclusivamente para votar en contra una moción sobre la guerra de Irak, asunto este escasamente ligado a nuestra problemática autonómica, y que durante los cuatro años de la actual legislatura, quien es representante del Parlamento andaluz en el Senado y portavoz del Grupo Popular en la Comisión General de las Comunidades Autónomas -la que da el sentido territorial a la Cámara-, no ha tenido ninguna intervención en la misma, tras más de sesenta reuniones en las que, evidentemente, no ha estado presente.

Queda claro con ello la sutil pretensión de Teófila Martínez, en el sentido de dar un toque de atención a la dirección del PP, de forma que entendiese que la Cámara alta no interesa a quienes ostentan o pretenden ostentar el poder autonómico y que, por tanto, no sirve ni va a servir, con su actual marco constitucional y reglamentario, para los fines primarios para los que fue creada.

Distinto es que tan empecinada postura, tan pertinaz alejamiento de la actividad parlamentaria senatorial, no hayan sido entendidos en su justo sentido por quienes, posiblemente de forma interesada, hayan querido ver en tal actitud una simple muestra de absentismo, ligado a la pluralidad de cargos de la señora Martínez, desatendiendo con ello el brindar respuestas a la falta de contenido territorial del Senado.

De cualquier forma, no cabe duda alguna del ejemplo que la actual candidata a presidir el gobierno autonómico andaluz ha sembrado y, con ello, de la escasa repercusión que su ausencia en los debates he generado en la propia Cámara y en el Parlamento andaluz, del que era representante en la misma.

A partir de ahí, conviene replantearse tanto el contenido del Senado como la idoneidad de la fórmula constitucional empleada para obtener sus representantes autonómicos, máxime si esta sede parlamentaria va a seguir cumpliendo, fundamentalmente, con las mismas tareas que son objeto de la actividad del Congreso de los Diputados.

No creo que esté España para despilfarrar recursos humanos y materiales, sin destinar una parte importante de los mismos a atender las carencias y excesos de un Estado autonómico que, al finalizar las últimas dos legislaturas, se ha mostrado como el mayor obstáculo que José María Aznar ha encontrado en una gestión, por otra parte brillante, en la que o no ha querido o no ha sabido afrontar, desde el diálogo constitucional, parlamentario y político, el reto de adaptar el controvertido Título VIII a una realidad muy distinta a la que se vivía en el año 78 cuando fue redactado.

La actitud de Teófila Martínez, secundada en igual o menor grado por otros dirigentes regionales del PP, evoca un estado de ánimo general de preocupación autonómica, avivado en estos días por las posiciones mostradas desde algunas autonomías.

José Angel Palomares Ortega es abogado. Ha sido secretario general de Córdoba del PP y concejal del Ayuntamiento de Córdoba por este partido (1999- 2003)