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Reportaje:

Barañain quiere a Marcio de vecino

El Ayuntamiento navarro exige la tarjeta de residencia para un joven brasileño homosexual

El Ayuntamiento de Barañain, localidad navarra de 22.000 habitantes, ha decidido implicarse de forma directa en la defensa de uno de sus vecinos, el joven brasileño Marcio José de Freitas Pereira, de 26 años. Marcio convive desde hace dos años en el municipio con su compañero sentimental, el navarro Javier A., de 37, pero carece de permiso de trabajo o cualquier otro documento que le permita residir legalmente. El matrimonio con Javier, que la legislación española no reconoce, le proporcionaría una tarjeta de residencia comunitaria y alejaría el fantasma de la repatriación.

El consistorio, gobernado por el PSN, ha pedido a la Delegación del Gobierno en Navarra que le facilite la tarjeta de residencia, considerando que su situación de pareja de hecho debería ser equiparable al matrimonio. Todos los grupos municipales, salvo UPN y CDN, apoyaron la demanda de la pareja en un pleno reciente.

Burlada, primer consistorio de Navarra que oficiará bodas homosexuales

Javier conoció a Marcio en un viaje a Río de Janeiro. Se enamoraron y se establecieron en Barañain. En marzo de 2002, se inscribieron en el registro local de parejas de hecho. Dieciocho meses después, su abogada presentó una solicitud de regularización, sabiendo que no cumplía los requisitos legales. Sobre el ciudadano brasileño pende ya una orden de salida previa a su previsible expulsión de España.

En este tiempo, Marcio ha trabajado de forma irregular cuidando a ancianos, ha obtenido el título de ESO y estudia euskera y FP. Javier trabaja en el Ayuntamiento de Pamplona atendiendo a discapacitados, pero las difíciles circunstancias que atraviesa la pareja le han conducido a una depresión de la que está recibiendo tratamiento. Desearían casarse, pero no pueden hacerlo.

"Quiero residir legalmente y trabajar legalmente. Quiero a Javier, pero no puedo casarme con él", afirma Marcio, a quien la Policía ha parado ya varias veces por la calle. El certificado de pareja de hecho y el de empadronamiento son sus únicos documentos. Actualmente no tiene empleo y recibe 360 euros mensuales de renta básica. El Ayuntamiento respalda la denuncia de discriminación legal a las parejas homosexuales. El coordinador de IU en la comunidad foral, Félix Taberna, intercedió a favor de la pareja ante José Carlos Iribas, delegado del Gobierno, aunque no obtuvo respuesta.

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Javier y Marcio están decididos a pelear en los tribunales, aduciendo en su favor el caso de dos parejas de homosexuales formadas por españoles y extranjeros que consiguieron en Valencia pronunciamientos judiciales de equiparación de derechos con el matrimonio. La reforma de la ley de Extranjería mantiene el requisito del matrimonio para obtener la tarjeta de residencia, pero no extiende esa posibilidad a las parejas de hecho. Navarra aprobó en julio de 2000 una ley propia sobre parejas de hecho que equipara los derechos de las uniones estables homosexuales a las heterosexuales.

Javier y Marcio quieren seguir viviendo juntos. Les duele que la ley no penalice, por ejemplo, los matrimonios de conveniencia entre españoles y extranjeros mientras que a ellos se les impide regularizar un "verdadero amor". "Es inaceptable que las leyes españolas permitan la expulsión de una persona por el simple hecho de ser homosexual", subraya Marcio. Y Barañain apoya su deseo de seguir siendo un vecino más.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Burlada, de 18.000 habitantes, será el primero de Navarra en oficiar bodas homosexuales. El consistorio ha aprobado esta semana en pleno un acuerdo por el que se oficiarán en el municipio ceremonias similares a las bodas civiles que, aun sin tener efectos legales, "permitan a los contrayentes expresar su unión como pareja".

El acuerdo fue aprobado con los votos del PSN, IU, Aralar y Batzarre y la oposición de los ediles de UPN y CDN. El alcalde, el socialista José Muñoz, destacó que estas ceremonias contribuirán a dignificar las uniones de este tipo ya existentes. El portavoz de UPN, José Enrique Escudero, replicó que "el Ayuntamiento no está para celebrar actos sin validez".

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