El juez deja en libertad a los acusados de matar a tiros a dos vigilantes

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Terrassa, Roberto García Ceniceros, ha dejado en libertad bajo fianza de 6.000 euros a los dos presuntos autores de la muerte de dos vigilantes de seguridad asesinados a tiros el 9 de diciembre de 2002, en las multisalas AMC del centro de ocio Parc Vallès, para robarles la recaudación. El juez considera que los detenidos estaban presentes en el lugar de los hechos cuando se produjeron, pero añade que existen "ciertas dudas" sobre su participación.

Juan Antonio Naranjo Acevedo y Juan Pedro Lozano Fernández fueron detenidos 13 días después de ocurrir los hechos, en una amplia operación policial desarrollada en varias poblaciones del área metropolitana de Barcelona en la que fueron arrestadas un total de seis personas. Al final acabaron imputadas cinco de ellas, tres de las cuales quedaron en libertad con cargos en las semanas siguientes. Ahora Naranjo ha podido salir en libertad tras el pago de una fianza de 6.000 euros, mientras que Lozano no ha podido beneficiarse de la situación de libertad porque cuando fue detenido pesaba sobre él una orden de busca y captura para cumplir una pena de 19 años de cárcel por un atraco.

El juez de Terrassa, sin embargo, parece desconocer esa situación porque en el auto de libertad de Lozano, prácticamente calcado del de Naranjo, asegura que "no existen motivos suficientes para presumir que el imputado" vaya a huir porque tiene arraigo familiar. El juez considera "desmesurado" mantener la situación de prisión porque quedan por realizar unas pruebas periciales que pueden demorarse.

El juez considera también que mantener encarcelados a los dos acusados es "una medida cautelar excesivamente severa" porque no se ha podido demostrar de manera clara que participaran en el homicidio, aunque sí han sido identificados por dos personas que se encontraban en el lugar de los hechos. En opinión del juez, "aunque existen indicios que podrían dar lugar a la apreciación de participación" de los dos imputados en los hechos, "existen ciertos puntos que aún no han quedado debidamente esclarecidos y para cuya averiguación procede continuar las diligencias de instrucción".

Apoyo y dudas

En este sentido, el juez señala que aunque los dos acusados han sido reconocidos por testigos presenciales en ruedas de reconocimiento, su participación exacta no ha podido concretarse. De José Antonio Naranjo asegura el juez que "su participación habría resultado ser, en todo caso, de apoyo a quienes de manera material llevaron a cabo el robo y el asesinato". En cuanto a Lozano, el juez explica que "su participación puede ofrecer aún ciertas dudas".

Francisco Fusté Rubio, de 51 años, casado y padre de dos hijos, y Eladio Romero Romero, de 40 años, también casado y con una hija pequeña, ambos vigilantes de Prosegur, murieron acribillados a balazos el 9 de diciembre de 2002 cuando transportaban una recaudación de 214.000 euros. Sus asaltantes, al parecer tres jóvenes con la cara semicubierta, les dispararon un total de 20 tiros y los remataron cuando estaban en el suelo. En este sentido, el juez afirma que "en cualquier caso conviene destacar que el delito fue cometido por un grupo de personas que habría concertado previamente su realización" y añade que "a día de hoy aún no se han podido aportar indicios sólidos para determinar la base o estructura de esa organización". La fiscalía y la acusación particular han recurrido ante la Audiencia de Barcelona contra la decisión judicial, que ha causado auténtico estupor en Prosegur, informa Sílvia Marimon. Un portavoz de esta empresa de seguridad afirmó ayer: "Vamos a luchar con todas las medidas legales para que los imputados ingresen en prisión y cumplan las penas". El magistrado justifica también su decisión asegurando que la puesta en libertad de los otros tres detenidos no ha supuesto "perjuicio para el buen fin" de las investigaciones.