Fabra

El año de los valencianos se cierra con un escándalo de proporciones épicas: un culebrón político-económico serpentea por la Plana y es la comidilla de todos los mentideros políticos y económicos de los castellonenses. Mientras tanto, en Valencia, donde siempre se creyó que Castelló es un cas a part, se ve todo con una lejanía que apunta al desconocimiento y a la banalización. Los más osados llegan a afirmar que el escándalo que tiene en su punto de mira al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, no es más que un nuevo episodio del enfrentamiento entre el presidente Camps y el ex presidente Zaplana, como si la arena de las diferencias entre ambos alcanzase a la totalidad del territorio valenciano (algunos dicen que va más allá, pues incluye Madrid), y dando a entender que cuando se trata del poder los políticos actúan como los leones marinos en las playas cuando se disputan a las hembras en un combate grotesco, a dentelladas.

El escándalo (de momento sólo mediático) castellonenc dispone de suficientes elementos propios como para que alguien (desde fuera de allí) haya instado a que estalle en un momento tan comprometido para el PP (a tres meses de unas elecciones), pues, a juzgar por las acusaciones concretas que el promotor de las querellas ha dado a conocer con profusión a los medios de comunicación -y más allá de lo que pueda resultar en la instancia judicial-, Fabra mantenía una actividad profesional, empresarial y económica ligada al tejido productivo castellonense, tenía relaciones directas con el hoy querellante, y a la vista queda que ha compatibilizado esas actividades con las de concejal en Castelló y presidente de la Diputación, sin que mediara objeción alguna de ambas instituciones.

Esas circunstancias, unidas a un grave conflicto conyugal del querellante y a la relación empresarial entre la esposa del presidente y la del empresario Vilar arrojan un saldo de tremendismo que, con la lejanía, adquiere tintes de historia fabulosa ubicada en una república bananera.

Por ello, y, por supuesto, también porque la honorabilidad de la política está en cuestión, es menester que el presidente Fabra comparezca ante la opinión pública, sin esperar a que el juzgado de Nules se pronuncie sobre la admisión o inadmisión de las querellas, y explique a los ciudadanos con exhaustividad en qué ha consistido su actividad profesional, empresarial y económica en todos estos años en que ha ocupado la presidencia de la Diputación, porque si lo tiene que hacer ante el Pleno de la Diputación, ante una Comisión del Parlamento Valenciano o ante los Jueces porque no tiene más remedio, algunos de los que nos hemos considerado sus amigos y que le hemos respetado y valorado como un político audaz, un líder inusual de su circunscripción frente a València o Madrid y hombre de proyectos (a veces discutibles, pero eso no viene al caso) dirigidos al progreso de Castelló nos veríamos muy decepcionados.

Es evidente que una sociedad democrática en un Estado de Derecho debe velar por el principio de presunción de inocencia, y que unas querellas acogidas con cierta desmesura por algunos medios de comunicación no pueden destruir el crédito de nadie mientras no haya sentencia, pero no es menos cierto que aquellos que detentan cargos públicos deben responder a ataques presuntamente irresponsables dando explicaciones exhaustivas, adelantándose a las conjeturas y poniendo todo a disposición de los ciudadanos.

Vicent.franch@eresmas.net