'Mater dolorosa' y la Cataluña de Maragall

CONVIENE LEER uno de los más extraordinarios libros de historia publicados en los últimos lustros, ahora que el modelo de Estado vuelve a estar en carne viva. Se trata de Mater dolorosa (editorial Taurus), del profesor José Álvarez Junco, doble o triplemente galardonado, sobre el ser de una nación llamada España. El texto recuerda que ni la identidad española es eterna ni su antigüedad se hunde en la noche de los tiempos; pero tampoco es una invención del siglo XIX, como ha llegado a escribirse recientemente.

La monarquía hispana no fue un Estado unido, sino una abigarrada reunión de reinos, con súbditos que hablaban lenguas variadas, estaban sometidos a sustanciales diferencias en terrenos legales y tributarios e incluso tenían que pagar aduanas cuando se trasladaban entre sus diferentes territorios. Es indudable que aquella monarquía tenía un carácter extremadamente descentralizado. Esto es lo que reconoce la Constitución cuando en su artículo 2 se fundamenta "en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas".

Dejemos los debates esencialistas y estudiemos los modelos de financiación que se proponen: los saldos de las balanzas fiscales como diferencia entre los ingresos y los gastos que perciben y pagan cada comunidad autónoma

En relación con la coyuntura del País Vasco, los constitucionalistas han defendido que, mientras persistan la violencia y la ausencia de libertad, no se puede discutir de nada. Pero en la Cataluña actual no hay violencia y la libertad es homologable a la que existe en cualquier otra zona de España; y, sin embargo, muchos no han dado ni un respiro al Gobierno de Maragall, que plantea una reforma del Estatut y un cambio en el modelo de financiación: ni 100 días de tregua ideológica, ni uno sólo.

Olvidémonos, pues, de debates esencialistas y pongámonos a estudiar sobre esa financiación que se propone, su progresividad y su solidaridad o la ausencia de las mismas. No ayuda a ello esa forma de sacar pecho, en frío, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmando que los madrileños somos más solidarios que los catalanes. Seguramente sí, o tal vez no. El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Ricardo Martínez Rico, ha dicho que "plantear el debate autonómico en términos de balanzas fiscales es simplista" (Expansión, 27 de diciembre). De acuerdo, pero midamos también con la máxima transparencia (hasta ahora imposible por la ausencia de datos oficiales) los saldos de las balanzas fiscales que se obtienen como diferencia entre los ingresos y gastos que se perciben y pagan entre la Administración Pública Central (APC), en relación con cada comunidad autónoma.

Uno de los mejores expertos en estos estudios es el nuevo consejero de Economía de la Generalitat catalana, Antoni Castells. Él y otros economistas han demostrado que las comunidades de Madrid y Cataluña son las que mayores déficit fiscales acumulan. Pero no son los únicos trabajos existentes. En 2001 aparecía un trabajo muy solvente, coordinado por José Manuel González-Páramo (Bases para un sistema de financiación autonómica), y muy recientemente la Fundación BBVA ha publicado el oportuno volumen Una aproximación a las balanzas fiscales de las Comunidades Autónomas, del profesor Uriel Jiménez. Lo destacable en esta columna no son los resultados que aporta este último (que necesitarían de un espacio mucho más amplio para ser desarrollados con los necesarios matices), sino la incorporación de alternativas metodológicas que le diferencian de otros estudios, como el tratamiento del IVA, la introducción del déficit de la APC como referencia para valorar los saldos regionales, la imputación de los impuestos en el caso de las haciendas forales o el tratamiento de los flujos entre la UE y España.

Al final, las preguntas que se deben responder son básicamente dos: cómo contribuye cada autonomía al funcionamiento de las Administraciones Públicas, y qué recibe cada una de las primeras de la última.