Tarifas electorales

El crecimiento de las tarifas de los principales servicios públicos en 2004 será inferior a la inflación pasada. Acostumbrados a revisiones iguales o superiores a la inflación en el año precedente, lo novedoso es que en el año recién iniciado el Gobierno se haya propuesto que los consumidores no perciban, al menos de forma inmediata, el incumplimiento de su objetivo de estabilidad de precios en 2003. Frente al 2% asumido por el Gobierno a principios del pasado año, el índice de precios al consumo (IPC) de 2003 estará significativamente por encima, muy probablemente en el entorno del 3%.

A diferencia de ejercicios anteriores, los precios de la electricidad, teléfono, Correos, transporte por carretera y ferrocarril, entre otros, subirán por debajo de esa tasa. Los fármacos experimentarán descensos medios como consecuencia de la aplicación a más de dos mil productos financiados por el Sistema Público de Salud de precios de referencia inferiores a los de 2003. A esas contenciones se añaden las de las tarifas de algunos impuestos y la introducción de nuevas exenciones en otros. Un panorama, en definitiva, poco habitual, que encuentra su más probable explicación en la inmediata convocatoria de elecciones generales. Hay que confiar, en todo caso, que algunas de esas decisiones no se vean modificadas después de marzo.

La contención de esos precios debería actuar en la misma dirección sobre otros muchos para mantener la inflación en 2004 en niveles más moderados y próximos a los de la eurozona. Pero no está en modo alguno garantizado. España tiene una tasa de inflación muy superior a la de sus principales socios comerciales no sólo porque la demanda de consumo sea superior, sino porque muchos de sus mercados funcionan de forma menos eficiente. Este empeño político en no agriar el comienzo del año a las familias españolas debería tener un equivalente en la mejora de los sistemas de distribución de algunos bienes, como los alimentos, y del funcionamiento de otros mercados. De ser así, el nuevo año permitiría una reconducción en la hoy dañada competitividad exterior de nuestra economía y, en definitiva, una menor erosión en la capacidad adquisitiva de las rentas más bajas.