El perito ve "innegable" el impacto ambiental del vial Oropesa-Cabanes

El informe pericial encargado por la fiscalía al ecotoxicólogo forense, Luis Burillo, califica de "innegable" la repercusión ambiental de la construcción del vial Cabanes-Oropesa y señala que la carretera que promueve el Consell, "de ejecutarse según el trazado y proyecto previsto, supone un grave riesgo sobre el equilibrio de los sistemas naturales expuestos". Sin embargo, el juez se declaró ayer incompetente para reabrir la causa.

El titular del juzgado de instrucción número 6 de Castellón se ha declarado incompetente para decretar la reapertura de la causa iniciada con el proyecto de construcción de la carretera Cabanes-Oropesa, que acabó con la emisión de un auto en el que advertía que "la ejecución del trazado proyectado (...) conllevará el elemento típico del grave riesgo perjudicial para el medio ambiente", es decir, un delito ecológico. El juez considera que, entonces, en octubre de 2002, instruyó la causa sobre un proyecto, mientras que ahora se trata de la ejecución del mismo, por lo que cree que debería iniciarse una nueva causa. El magistrado ha emitido el auto después de que el fiscal, tras comprobar el informe pericial, en el que se califica de "innegable" el impacto ambiental de la obra, solicitara la reapertura del caso.

La respuesta del Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) fue rápida y, ayer mismo, presentó una denuncia ante el juzgado de guardia. En cualquier caso, de momento, se desconoce quién firmó la orden de reanudación de las obras, contra quien pesará la acusación de la autoría de un presunto delito ecológico. Mientras, las dos personas que, la pasada semana, iniciaron una huelga de hambre como medida de protesta, mantienen su ayuno aunque las condiciones meteorológicas y su estado han exigido un cambio de ubicación.

La Consejería de Infraestructuras, con el consejero José Ramón García Antón a la cabeza, alegó modificaciones en el proyecto para justificar la reanudación de las obras paralizadas ya judicialmente en 2002. Tanto los ecologistas como los vecinos contrarios al vial sostuvieron que los cambios eran mínimos y, en cualquier caso, anteriores a la decisión del juez de paralizar las obras. Además, indicaron que, en el caso de que la consejería hubiera realizado más modificaciones, éstas no contaban con la tramitación reglamentaria, ya que no han sido expuestas públicamente. Ahora, el informe pericial, en el que se ha basado la fiscalía para solicitar la reapertura del caso, asegura que "el nuevo proyecto transcurre, en esencia, por el mismo trazado proyectado con anterioridad a excepción de dos modificaciones", y menciona una curva "suavizada", modificación que "no tiene repercusiones ambientales relevantes" y el desplazamiento de dos kilómetros de trazado. Así, sostiene que la construcción de esta "vía rápida", impulsada por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, supone "un riesgo evidente sobre la integridad ecológica de la importante fauna troglobia" que se encuentra en el Ullal de Miravet, conocida como la "gamba de Miravet". "Considerando el inconveniente que supone que las obras de ejecución hayan comenzado", el perito recomienda la realización de un informe sobre repercusiones hidrogeológicas y otro sobre la flora afectada por el proyecto.

El presidente de Gecen, Francisco González, indicó que la organización "no está dispuesta a perder más tiempo, puesto que los trabajos que se están realizando en dicha carretera ya han afectado a dos de los seis kilómetros paralizados en su día por el juez", lo que, según dijo, "ha ocasionado ya unos daños irreversibles". El lunes realizará una ampliación de la demanda con la que pretenden que se decrete la paralización cautelar de las obras.