El Gobierno mantiene el pulso por el Cupo y deja de pagar otros 32 millones
Retendrá los 32,2 millones en el pago de impuestos especiales
El Gobierno vasco mantiene el pulso con el Ministerio de Hacienda por el pago del Cupo y ayer descontó otros 32,2 millones de euros del tercer y último pago que le correspondía realizar este año a la Administración central. El Cupo, la cantidad que el País Vasco aporta al Estado por las competencias no transferidas a la comunidad autónoma, mantiene enfrentadas a las administraciones vasca y central desde mayo de este año. En esa fecha, el Ejecutivo de Vitoria descontó unilateralmente en el primer pagos cuatrimestrales que realiza 32,2 millones, por entender que esa es la cantidad en la que Euskadi debe beneficiarse del incremento del gasto sanitario aplicado al conjunto del Estado.
El Gobierno central, después de varias requisitorias al Ejecutivo vasco para que diera marcha atrás en su decisión, respondió descontando la misma cantidad de la partida que transfirió al País Vasco en concepto de ajuste por los impuestos especiales que recauda, un pago que realiza cuatro veces al año. El empate se ha roto con la nueva retención del Gobierno vasco.
La directora de Cupo del Gobierno vasco comprobó ayer que el cheque enviado por la Hacienda central para liquidar la recaudación del IVA e impuestos especiales era de 316 millones de euros, la cifra prevista, y no incluía los 32,2 descontados en el plazo de octubre. Como respuesta, la Administración vasca libró también ayer un cheque por el último plazo del Cupo de algo más de 311 millones, en vez de los 344 que le correspondía pagar.
La réplica al nuevo descuento que el Ejecutivo vasco defiende para "equilibrar" la resta aplicada por el Gobierno central no se ha hecho esperar. El ministro de Hacienda, Cristóbal Hacienda, anunció ayer mismo que el Gobierno central descontará los 32,2 millones de euros en el próximo ajuste de los impuestos especiales que debe efectuar al País Vasco, algo que ocurrirá en el próximo mes de marzo. De persistir el desencuentro, la dinámica de los descuentos podría sucederse sin solución de continuidad. El ministro achaca la actitud del Gobierno de Vitoria a la situación de debilidad en la que se encuentra en estos momentos, tras ver rechazados los Presupuestos el pasado lunes. "Tiene que hacer ruido y hacer sonar la carraca del enfrentamiento con el Gobierno de España", apuntó.
Problema de fondo
La vicelehendakari y consejera de Hacienda, Idoia Zenarruzabeitia, insiste en que el enfrentamiento tiene su origen en la "cerrazón" del Gobierno central, que se niega a resolver el problema de fondo. No obstante, el ministerio ha manifestado siempre que está dispuesto a hablar sobre la reclamación vasco, pero ha puesto como condición que previamente restituya la cantidad descontada inicialmente. Zenarruzabeitia, argumentó ayer que Euskadi tiene derecho a beneficiarse del incremento de la financiación del gasto sanitario en el conjunto del Estado en 2001. La parte que le correspondería a Euskadi de ese incremento serían los controvertidos 32,2 millones.
Después de cargar contra el Gobierno central, Zenarruzabeitia aseguró que el Ejecutivo autónomo mantiene intacta su disposición al diálogo para solucionar el conflicto. Sin embargo, puntualizó que Euskadi nunca renunciará a participar en el incremento del gasto sanitario en el conjunto del Estado, detonante de la polémica.
El nuevo capítulo de la discusión sobre el Cupo fue seguido de cerca por el diputado foral de Hacienda de Álava, Juan Antonio Zárate, del PP, quien mostró su sorpresa y expresó su indignación ante el nuevo descuento del pago del Cupo. "Volvemos a entrar en la estrategia de la confrontación", se lamentó Zárate. El diputado advirtió que la "nula disposición negociadora" de la vicelehendakari aboca a que otros temas de calado sigan esperando en la mesa de negociación.
Zárate sólo coincidió con Zenarruzabetia al asegurar que las haciendas forales "defenderán hasta la última instancia" los intereses de las empresas vascas que se beneficiaron de los incentivos fiscales a la inversión declarados ilegales por la Unión Europea. La Comisión ha interpuesto una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE contra España (la UE sólo reconoce a los Estados) por no haber recuperado dichos incentivos, calificados de ayudas de Estado y vulneradoras de la libre competencia. Los incentivos fueron derogados en 2000, pero Bruselas exige que las empresas beneficiadas devuelvan las ayudas.
