El municipio derribará dos iglesias evangélicas asentadas en un parque

La instalación "provisional" de las casetas fue autorizada en 1992

La Junta Municipal de Carabanchel ha ordenado derribar, a las 9.00 del próximo 8 de enero, las dos casetas prefabricadas que funcionan como templo evangélico (protestante) en el parque de San Isidro desde 1992. El Ayuntamiento, que permitió a los evangélicos instalarse allí "de forma provisional", ha logrado ahora un auto judicial para desalojarlos. Ellos piden otro lugar en el que realizar su "labor social".

La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) envió el pasado día 24 una carta al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, pidiéndole que interceda en el conflicto porque "el derribo de estos modestos lugares de culto lesionaría gravemente a este colectivo de etnia gitana, de extracción social baja, que está desplegando importantes esfuerzos para salir de la marginación". Pero el Ayuntamiento no va a dar marcha atrás. "Las dos casetas están en zona verde de forma ilegal, y deben ser desalojadas el día 8. Si sus ocupantes no se van de allí, la policía actuará en consecuencia", advirtió ayer el concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo. La iglesia evangélica tiene en toda la Comunidad de Madrid unos 10.000 fieles.

La historia de estas particulares iglesias se remonta a 1992. En aquel año, el gobierno municipal desmanteló un poblado de infraviviendas de Carabanchel, en los aledaños del parque de San Isidro, y realojó a sus habitantes en pisos sociales. En el poblado había dos parroquias de la Iglesia Evangélica Filadelfia que también fueron desalojadas, y a las que el Ayuntamiento buscó un emplazamiento "provisional": el 20 de octubre de 1992, la Junta de Carabanchel autorizó, "por razones sociales", la "ocupación temporal" de una zona de más de 220 metros cuadrados en el parque de San Isidro para la instalación de "dos casetas desmontables prefabricadas destinadas exclusivamente al culto religioso".

Los responsables municipales quisieron dejar bien claro en aquel escrito que la autorización tenía "carácter provisional y no indemnizable", es decir, que los interesados estaban obligados a "desmontar inmediatamente las instalaciones" en cuanto fueran requeridos para ello por el Ayuntamiento, y que no recibirían indemnización.

Desde entonces, los prefabricados han funcionado como lugares de culto diario para 200 fieles y, además, en ellos se han llevado a cabo "labores de asistencia social, lucha contra la drogadicción y reinserción de muchas personas de etnia gitana para las que un lugar de culto no significa sólo el rito religioso", según la abogada que representa a la Iglesia Evangélica Filadelfia, Ruth Álvarez.

Hace dos años y medio, la Junta de Carabanchel inició el proceso de demolición de las casetas. La primera orden de derribo fue paralizada al carecer de autorización judicial, así que el Ayuntamiento pidió permiso al juzgado número 10, y éste se lo concedió en un auto fechado el 12 de mayo de este año. Ese auto fue apelado por la Iglesia Evangélica, que está a la espera de una nueva resolución. Pero, mientras, el gobierno municipal volvió a pedir opinión a los jueces y éstos volvieron a darle la razón. Por eso, el pasado día 9 se notificó que la orden de derribo será ejecutada el 8 de enero, incluso "utilizando la fuerza".

"La autorización que se concedió en 1992 fue provisional, y ellos lo sabían. Se les ha dado una moratoria de 11 años, se les ha ofrecido que alquilen un piso cercano del Ivima [Instituto de la Vivienda de Madrid], pero no han querido. Están en una zona verde pública y tienen que irse", insiste el concejal del distrito, Carlos Izquierdo.

"El Ayuntamiento ha traicionado a estas personas", replica Mariano Blázquez, representante legal de Ferede. "En 1992 les prometió que buscaría un lugar para realojarlos, y no lo hizo. Además, ningún juez ha desafectado a las casetas de su función religiosa, y sin eso no es legal derribar una iglesia evangélica, según los acuerdos firmados por la Ferede y el Estado hace diez años", agrega. Blázquez sospecha que detrás de la demolición están los intereses de los responsables de un nuevo tanatorio que se está construyendo justo en esa zona del parque.

Un precedente fallido

Hay otro templo en Madrid, éste católico y de hormigón, que un juez ordenó derribar parcialmente hace 10 años y que aún sigue en pie. Es la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes, en el barrio del Pilar (Fuencarral), que se construyó invadiendo el espacio de un bloque de viviendas y dejó sin luz natural a dos vecinos. El Tribunal Superior ha ordenado varias veces que se ejecute la sentencia, pero la resistencia del arzobispado y del anterior gobierno municipal lo ha impedido.

Los jueces llegaron a censurar a ambas instituciones por considerar que sus sucesivos recursos sólo buscaban "dilatar" el derribo. En mayo de 2002, el entonces gerente de Urbanismo, Luis Armada, que fue incluso multado y condenado por desobediencia, anunció una demolición "inminente". Veinte meses después, la iglesia sigue allí.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 30 de diciembre de 2003.

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