Financiación optimista

Sostiene Maragall (véase la entrevista publicada en este periódico el pasado domingo) que la "financiación especial para las comunidades autónomas con retraso estructural" debe "periodizarse (sic) en el tiempo", tendiendo a un "aterrizaje suave" y que lo contrario sería "decirles a las autonomías que sufren esta situación que siempre estarán subvencionadas, cuando lo que se trata es de que salgan de la situación de retraso".

No se sabe si Maragall, a la hora de fijar su periodización, tiene en cuenta que en los últimos veinte años casi ninguna de las comunidades con "retraso estructural" -Andalucía, por ejemplo- ha ganado posiciones en su convergencia con el resto de regiones españolas ni, por supuesto, con la media de las regiones europeas.

Este "retraso estructural" -que más bien habría que llamar retraso crónico- puede deberse a razones puramente estructurales (dispersión de la población, insularidad, desventajas históricas...) o también a la mala gestión de sus gobernantes. Pero, ¿es lícito -y más aún desde un punto de vista de izquierdas- castigar por ello a los habitantes de una región condenándolos a la desigualdad para siempre?

Este es un dilema que viene presentándose desde hace mucho tiempo en la ayuda al tercer mundo. Hace ya unos años, escuché a José María Mendiluce contar que, después de trabajar para la ONU en tareas de ayuda humanitaria, había llegado a la conclusión de que, a pesar de la mala gestión y la corrupción, merecía la pena seguir.

Aunque por el camino se "pierda" un setenta o un ochenta por ciento de las ayudas, venía a decir, algo llega a sus destinatarios. Ya se sabe: menos da una piedra. La postura de Mendiluce no es minoritaria, ese es el espíritu en el que se basan las políticas de solidaridad internacional, que se sabe que son escasamente eficientes pero no por ello se suspenden.

En la misma entrevista, Maragall desvela cuál es el plazo de la periodización que marcaría el final de la solidaridad: "Pretendemos alcanzar progresivamente los mismos resultados

[que el sistema foral] en diez años", afirmaba el president. Siendo coherentes con esta lógica, al final de este plazo, los barrios ricos financiarían directamente sus escuelas y hospitales y los pobres tendrían que hacer lo mismo con sus más que menguados recursos. ¿Sería ésta una política aceptada por la izquierda?

En sus bases para la reforma del Estatuto andaluz, Chaves no marca ningún plazo, pero sí el mismo objetivo: que se igualen los resultados del régimen común y del foral, lo que acabaría con el actual sistema de solidaridad. Entiendo que la alianza catalano-andaluza anunciada por Chaves incluye -no podría ser de otro modo- una periodización como la propuesta por Maragall.

De ser así, hay que concluir que es muy optimista nuestro presidente. Más aún que cuando prevé que estaremos entre las veinte primeras regiones europeas dentro de diecisiete años. No sé cuál será el arma secreta con la que se logre acabar en diez años con unas diferencias regionales que han permanecido prácticamente congeladas desde hace veinte. Sin duda, ha de tratarse de un arma imparable.