Madrid y Rabat acuerdan repatriar a todos los menores marroquíes

El Ministerio del Interior devolverá desde hoy a su país a los cerca de 3.000 menores marroquíes no acompañados que se hallan en España y a los que puedan llegar en las próximas fechas. Los muchachos serán entregados a las autoridades fronterizas, independientemente de que hayan sido localizados o no sus familiares. Así lo anunció ayer el ministro del Interior, Ángel Acebes, tras presidir la firma de un acuerdo en este sentido entre Madrid y Rabat. Dicho acuerdo había quedado pendiente de ratificación en la reunión que ambos Gobiernos celebraron en Marraquech a comienzos de mes.

El acuerdo, que ha sido firmado por el Delegado del Gobierno para la Extranjería, Gonzalo Robles, y por el director general de Asuntos de Interior marroquí, Mohammed Yassine Mansouri, comienza con una alusión, introducida por España, a la necesidad de abordar la situación de los menores "conforme a los derechos, obligaciones y garantías previstas en los convenios internacionales suscritos en este campo y particularmente en la (...) Convención sobre los Derechos del Niño".

A pesar de ello, y aunque compromete a las autoridades de ambos Estados a adoptar "todas las medidas previstas en la legislación vigente en los dos países" para identificarlos, el texto rubricado viene a darles un trato similar al que reciben los inmigrantes irregulares adultos. De hecho, no alude a la localización de sus familias como requisito previo a la repatriación. Si quedaba alguna duda en este sentido, la despejó el propio ministro: "Las autoridades fronterizas de Marruecos serán las autoridades de tutela. Ellas serán las encargadas de localizar a las familias o, en caso de que los menores no las tengan, de hacerse cargo de su acogida", afirmó Acebes.

Una vez identificados los muchachos, dice el texto, "las autoridades consulares del Estado requerido [en este caso Marruecos] procederán a la expedición inmediata de la documentación que acredite su nacionalidad y a facilitar su retorno al país de origen, para su entrega a las autoridades fronterizas".

En el caso de que el menor sea localizado en el momento en que intenta entrar en España, la policía lo entregará "de manera inmediata" a las autoridades fronterizas de su país. "Esta operación", añade, "se efectuará después de que se constate el hecho debidamente por el oficial de enlace".

Comité de vigilancia

El texto compromete a las dos partes a comunicar "de manera inmediata" a la otra "toda decisión de repatriación, la nacionalidad del menor, la fecha y hora del viaje, los datos del acompañante, así como cualquier información útil para la repatriación asistida del menor".

También anuncia la creación de un comité ad hoc, constituido por representantes de todos los países competentes, para "establecer y evaluar las condiciones de acogida y de reinserción de los menores, basados en proyectos de acompañamiento. Este comité", añade, "someterá al Comité Permamente las propuestas, especialmente para la cofinanciación por las dos partes de estos proyectos y de aquellos referidos al interés supremo del menor en materia socio educativa".

En España había el pasado 30 de septiembre 2.880 menores tutelados por las comunidades autónomas. El artículo 35 de la Ley de Extranjería señala que "se considerará regular a todos los efectos la residencia de los menores que sean tutelados por una administración pública". Sin embargo, el ministro del Interior afirmó que el acuerdo "no contempla ninguna excepción".

No es este el único punto en el que el texto rubricado ayer choca con la Ley de Extranjería. El mismo artículo 35 afirma que, conforme al principio de reagrupación familiar del menor, y previo informe de los servicios de protección de menores, las autoridades españolas resolverán lo que proceda sobre el retorno a su país de origen o a aquél donde se encuentren sus familiares "o, en su defecto, sobre su permanencia en España".

A mayor abundamiento, el Reglamento que desarrolla la Ley añade (artículo 62) que el procedimiento de reagrupación familiar "se iniciará de oficio por la Administración General del Estado o, en su caso, a propuesta de la entidad pública que ejerce la tutela del menor". Y encarga a la Comisaría General de Extranjería y Documentación "las gestiones necesarias ante las Embajadas y Consulados correspondientes, con el fin de localizar a los familiares de los menores o, en su defecto, a los servicios de protección de menores de su país de origen que se hicieran responsables de ellos".

A pesar de todos estos mandatos legales, Ángel Acebes declaró ayer: "Las autoridades españolas no se desentienden de los menores, sino que los entregarán a las autoridades fronterizas de Marruecos, que quedan encargadas de asumir su tutela".

Hasta el momento, Marruecos había puesto numerosas dificultades para la repatriación de los menores, incluso de aquellos cuyas familias habían sido localizadas. En lo que va de año sólo admitió a 105. En 2002 aún fueron menos los admitidos: un quinto de esa cifra. Fuentes oficiales especulan con que el cambio de actitud de Rabat tiene que ver con la necesidad de justificar los 40 millones de euros que recibió de la Unión Europea en septiembre. La mitad de esa cantidad estaba destinada a vigilar sus fronteras y la otra mitad a crear planes de asistencia social para sus emigrantes.