La Audiencia Nacional pierde un tomo del sumario por presunto delito fiscal abierto al ex consejero Cartagena
El tomo número 14 del sumario de la pieza separada del proceso abierto por la Agencia Tributaria
contra el ex alcalde de Orihuela y ex consejero de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, se ha perdido. La Audiencia Nacional remitió recientemente la pieza separada al Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, pero el sumario, según fuentes jurídicas, está incompleto, por lo que la causa será devuelta a la Audiencia.
Este asunto formaba parte del caso de las cesiones de crédito del Banco Santander, en el que está imputado su presidente, Emilio Botín. La Agencia Tributaria reclama a Cartagena el pago de los tributos resultantes de los 236.000 euros invertidos en 1998 en créditos opacos y de cuyos intereses no abonó el 25% obligatorio.
Fuentes próximas al magistrado alicantino que ha recibido los legajos indicaron ayer que el Juzgado devolverá el sumario a la Audiencia por un "defecto formal". El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional debió remitir al juzgado de Alicante un testimonio que reconociera la competencia de éste para terminar la instrucción del asunto. El olvido de este trámite formal servirá para devolver la causa a Madrid.
Otras fuentes jurídicas indicaron que, al margen de que el caso se devuelva a Madrid, el sumario debía terminar de instruirse en Orihuela, ciudad donde el ex político del Partido Popular tenía su domicilio fiscal, y no en los juzgados alicantinos. Esta fuente adelantó con toda seguridad que el expediente será devuelto a la Audiencia Nacional.
Luis Fernando Cartagena está acusado de invertir en tres ocasiones en cesiones de crédito del Santander, bajo un nombre falso. La ventaja de este producto financiero, comercializado entre 1998 y 1989, era su opacidad fiscal, ya que las inversiones y los beneficios obtenidos no tributaban a Hacienda.
El Santander logró con este sistema recaudar cerca de 2.584 millones de euros entre 1987 y 1991, en más de 47.270 operaciones efectuadas a clientes bajo nombres ficticios, según un auto de la magistrada Teresa Palacio.
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