Martínez cifra el incremento de tasas en un 2,8% mientras la oposición denuncia subidas encubiertas de hasta el 30%

El PP, que gobierna con mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Cádiz, rechazó ayer todas las alegaciones presentadas por PSOE, IU y un conjunto de 500 ciudadanos a la subida de los impuestos y tasas municipales para 2004. La alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, cifró el aumento en el 2,8%, equivalente al IPC de este año, y defendió la subida como una "congelación" de la presión fiscal.

No compartió esta lectura la oposición, que acusó al PP de "engañar a los ciudadanos con una subida encubierta" del 30 % en algunos recibos, como el agua, la basura o el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

El teniente alcalde de Hacienda, José Blas Fernández, insistió en que la subida aprobada supone una "congelación" fiscal y la atribuyó al apoyo económico del Gobierno central, que ha concedido a la ciudad de Cádiz cerca de 15 millones de euros anuales como reconocimiento a las características singulares de insularidad de la capital gaditana, que tiene el término municipal agotado.

De igual manera se pronunció al cierre del debate Teófila Martínez, quien acusó a la oposición de actuar de manera "demagógica" por criticar el compromiso social del Ayuntamiento de Cádiz. "Hay 3.500 familias que viven en casas municipales a las que no les cobramos el IBI", dijo.

El portavoz del PSOE, Rafael Román, volvió a denunciar que el PP ha preparado para 2004 una "subida fiscal encubierta" de un 30% y de hasta el 100 % en los recibos del agua para las familias con mayor consumo. "Están engañando a los ciudadanos y se demostrará cuando tengan que pagar los impuestos el próximo mes de marzo", lamentó Román.

En parecidos términos se pronunció el portavoz de IU, Gervasio Hernández Palomeque, quien cuestionó la paradoja de que el gaditano pague los impuestos más caros de Andalucía cuando su renta per cápita es de las más bajas del país y el porcentaje de parados es el más elevado de España.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia en la que obliga a la Zona Franca de Cádiz a pagar en adelante el IBI al Ayuntamiento de Cádiz. El recinto fiscal gaditano deberá abonar de momento unos 700.000 euros por los años anteriores en los que estuvo exento del pago.