Lo que cuesta un divorcio
La iniciativa femenina predomina en las rupturas matrimoniales, que aumentan en mayor proporción que las bodas
Cada cinco minutos se rompe un matrimonio en España. "El dato es real, y el número de separaciones y divorcios crece", confirma Luis Zarraluqui, presidente de la Asociación de Abogados de Familia. "Pero aún estamos bastante por debajo de las cifras europeas y americanas". Desde que se aprobó la Ley de Divorcio, en 1981, tras un paréntesis de 42 años -la anterior ley se promulgó durante la II República y Franco la derogó en 1939-, el número de parejas que se ha roto supera el millón. Al cabo de 17 años, en 2000, el porcentaje de rupturas era de una por cada mil habitantes, mientras que la media europea alcanzaba un 1,9, según los últimos datos de Eurostat 2002.
Pero las distancias se acortan. En 1990 se produjeron en España 59.538 rupturas por separación o divorcio y en 2002 se resgistraron 115.049. En los dos últimos años las demandas han crecido más de lo habitual: un 20,6%. Las bodas se mantienen más o menos estables (ver gráfico).
"El elemento más perturbador para el acuerdo es el uso de la casa", dice Zarraluqui
Si en la cantidad de demandas se va acercando al resto de Europa, un español tiene algo más difícil poner fin a una convivencia. Para empezar, tiene que pasar dos veces por los juzgados: una para la separación y otra para el divorcio, pues éste no se puede solicitar si no se ha presentado un año antes la demanda o se demuestran dos años de separación de hecho. En cambio, la legislación general europea permite el acceso directo al divorcio. Si en España se diera también esta opción, "los procesos judiciales matrimoniales disminuirían en un 30%", según Zarraluqui. "Se ahorraría tiempo y coste económico y social. Tenemos que ir hacia una normativa más humana y viable". El precio de un divorcio varía. El Colegio de Abogados de Madrid estableció en 2001 unas tasas que suelen ser lo mínimo que se cobra: 2.400 euros cuando no hay mutuo acuerdo y 1.200 si lo hay.
Otra de las dificultades tiene que ver con la lentitud de la justicia. Cuando se tramita una separación sin acuerdo, las partes pueden solicitar medidas provisionales -que afectan a asuntos tan sensibles como quién se queda con la casa
- hasta que se dicta la sentencia definitiva. Es un momento delicado para el matrimonio, cuando suele sufrir el mayor desgaste, porque a una de las partes le llega la demanda y están conviviendo bajo el mismo techo. Y depende de a qué juzgado de familia corresponda, esa situación se resuelve en dos meses, por término medio, o en el caso de Madrid, en 10. En todo caso, un periodo que sobrepasa los 10 días que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil. "Esta demora se produce porque los jueces, salvo honrosas excepciones, incumplen sistemáticamente los plazos", destaca Carmen Pujol, abogada de la asociación de mujeres juristas Themis.
La respuesta del Ministerio de Justicia para agilizar el trámite de las medidas provisionales han sido los juicios rápidos. "Las medidas afectan a tres cuestiones esenciales", argumenta Alberto Dorrego, director general para la Modernización de la Justicia: "A la casa que nadie quiere dejar, a los hijos y a la pensión. Por eso exige plazos rápidos". Para Pujol, éstos son "pura propaganda". "Una separación tras 30 años, con patrimonio, hijos... no se puede resolver en un juicio rápido como si fuera un tirón de bolso".
Todas esta cuestiones afectan tanto al matrimonio civil como al religioso. Si alguien casado por la Iglesia se divorcia, puede volver a contraer un matrimonio civil y, si desea casarse nuevamente ante el altar, debe obtener antes la anulación canónica. En cambio, una persona divorciada tras una boda civil puede casarse por la Iglesia sin cortapisa.
¿Y por qué se pelean más? "El elemento más perturbador para los acuerdos y la resolución es el uso de la vivienda, que está muy mal regulado", dice Zarraluqui. "Le dan el uso indefinido a quien se queda con los niños sin atender a más cuestiones. A veces se llega a que la pareja se pelea por ellos sólo para quedarse con la casa. ¿Y qué ocurre cuando una familia se rompe y queda por pagar un crédito a 20 años con un sueldo normalito? Necesitaría regularse y que el juez pueda obligar a vender la casa y repartir el dinero".
Casi siempre (siete de cada 10) son ellas quienes inician el proceso de separación. Diego Ruiz Becerril señala en uno de los pocos estudios sistematizados sobre rupturas en España, Después del divorcio (CSIC), que "el efecto iniciador de la mujer existe incluso como persona que primero habla de la ruptura matrimonial, con independencia de que formule la demanda".
El autor señala que el mayor porcentaje de separados se concentra entre los 35 y 39 años. Es más fácil que se rompa entre los cinco y nueve años de convivencia y entre quienes se casan pronto. Algunas parejas mencionan razones como la violencia o el alcoholismo, otras, incomunicación, evoluciones diferentes o divergencia de intereses". En fin, "puede afirmarse que la gran mayoría plantea la ruptura después de un largo y doloroso proceso", explica la abogada Begoña González, autora de Divorcio y separación (Acento editorial), una guía sobre rupturas matrimoniales.
¿Cambiar la ley?
Algunas voces, como la del abogado Zarraluqui, piden un cambio en la Ley del Divorcio sobre el uso de la vivienda o que permita el divorcio sin separación.
Carmen es psicóloga. Tenía muy claro que quería la ruptura con su marido y no pudo divorciarse hasta pasados 10 años. "Me parece una injusticia tener que pagar dos veces, la segunda para confirmar lo que ya me habían dicho antes. Me pilló en un momento poco boyante, con mi hijo, y hasta que no mejoró mi economía no pude pedir el divorcio".
Diego, abogado mercantilista, considera que se habla muy poco de las consecuencias que sufre un hombre de una separación no querida por la mujer. "Ella intentó resistirse por todos los medios. Las consecuencias las padecimos mi hijo y yo. Con 12 años le manipuló de tal forma que se negó a verme durante cuatro años porque creía que traicionaba a su madre. Lo denuncié, pero, como no se considera un caso grave, no hay violencia, no se puede hacer nada. Ahora mi hijo tiene 20 años y lo veo, pero la relación sufre graves secuelas". Asegura que siempre ha cumplido con sus obligaciones económicas, pero se queja de lo que llama "una barbaridad social". "Mi ex mujer trabajaba, es universitaria y con idiomas. Después de separarnos no ha hecho el mínimo esfuerzo por trabajar. En el divorcio pedí que se establecieran plazos para que el juez viera cómo iba esa cuestión. No la han citado nunca. Es terriblemente injusto, crea pensionistas de lujo y es un ejemplo nefasto para mi hijo, que piensa que existe una especie de maná. Estoy casado de nuevo y el sueldo de mi mujer es inferior a la pensión alimenticia que recibe mi ex mujer".
Desde Justicia, Dorrego cree que la ley se ha quedado "antigua". "La sociedad pide otras cosas, pero la reforma necesita un gran debate y consenso nacional". Carmen Pujol no quiere ni oír hablar de cambiar la ley. "No con una mayoría absoluta conservadora que suele aprovechar algunas circunstancias para abrir el melón en otras. Y cuando tocan algo, ¡qué casualidad!, siempre perjudica a los más débiles".
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