Una ley evitará las demandas de empresas contra Argentina

El Ejecutivo argentino enviará al Congreso un proyecto de ley que introduce cambios sustanciales en el control de la gestión de los servicios públicos a cargo de empresas privadas, de forma que éstas no puedan en el futuro recurrir a tribunales extranjeros si se presentan nuevamente situaciones de conflicto con la Administración del país.

Las 63 compañías que deben renegociar los términos de los contratos originales antes de finales de 2004 con una comisión integrada por técnicos del ministerio de Economía y de Planificación están obligadas ya de hecho a desistir de sus reclamaciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) antes de firmar las nuevas condiciones.

El nuevo marco legal para el Ente regulador "es un deseo expreso del presidente, el proyecto está listo, terminado y cerrado, no se discute más", según señalaron en fuentes del Ministerio de Economía. Más de 20 empresas iniciaron demandas contra Argentina ante el Ciadi por incumplimientos en los contratos tras el derrumbe económico de finales de 2001 y la devaluación del peso, y piden compensaciones por 17.000 millones de dólares.

En caso de controversia, las empresas deben aceptar someterse "a la legislación y jurisdicción nacional para la dilucidación de conflictos a que diere lugar la aplicación o interpretación de la concesión".

La nueva ley que regula el Régimen Nacional de Organismos de Control concede máxima autoridad al Ejecutivo. Impone un "servicio solidario" y le garantiza "a los hogares indigentes el acceso a los servicios que se califiquen como esenciales". Admite el derecho a una "rentabilidad razonable", pero recomienda mantener las tarifas "más bajas posibles" y autoriza al Ejecutivo, en caso de necesidad, a conceder "subsidios" a las empresas para que no las aumenten.

Tasa de interés regulado

La tasa de interés que las empresas aplican a los clientes después del vencimiento, establecida hasta ahora según valores de mercado, no podrá ser superior a la que fija el Banco de la Nación, actualmente en el 1,5% mensual.

El borrador original de la nueva ley fue redactado por los técnicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. El presidente, Néstor Kirchner, hizo las correcciones finales y el proyecto sería enviado para su tramitación en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso.

El proyecto elimina la dolarización de las tarifas aceptada en los contratos y suspendida por la Ley de Emergencia Económica en enero de 2002. En adelante serán calculadas en pesos. A cambio, las empresas podrán compensar las multas aplicadas hasta ahora por incumplimiento del servicio con los créditos por servicios al Estado. Las licencias no se prorrogan al vencimiento de la concesión y el Estado se hará cargo del servicio hasta que se convoque un nuevo concurso.