La corrup-tasa

La primera sentencia del TSJA que anula una licencia para 465 viviendas en Marbella ha puesto en zozobra las de otras 23.000 construidas en condiciones excepcionales de ilegalidad en un ambiente de corrupción generalizada que ha pervivido hasta hoy. Ahora es cuando empiezan a sucederse los efectos visibles de tantas decisiones amparadas por un gobierno municipal corrupto y una mayoría silenciosa o vociferante que ha dejado hacer.

En esa amalgama de intereses han convergido algunos empresarios, abogados, arquitectos y otros técnicos que, en mayor o menor medida, -con distintos niveles de conocimiento y complicidad- han contribuido al fraude cometido sobre consumidores y usuarios de buena o mala fe que, también con muchos niveles han comprado y vendido productos de legalidad dudosa y han hecho multiplicar las perversiones de un sistema que ha contaminado la Costa del Sol durante un largo período. La sociedad civil exige una reparación y esa es la de la acción de la justicia.

Aunque tarde, bienvenida sea la justicia. A los responsables de Enron, World.com y tantas otras compañías les llegó su hora. Aquí en Málaga, Andalucía y España se retrasó demasiado. Ahora, algunas gentes como Arturo Moya creen que "el bien general debe primar sobre la ilegalidad", en tanto que otros pensamos que el bien general no es una entelequia negociable que se pueda superponer al estado de derecho. Lo que haga la justicia será válido si establece cómo se estafó a tanta gente, incluidos los terceros de buena fe, bajo la era de basura empresarial y social que aupó y mantuvo el gilismo.

Lo primero que hay que conocer es hasta donde se conculcó -y cómo-, la legalidad del gilismo y sus hombres de clan o de paja. Luego, la administración de justicia y la Junta de Andalucía han de establecer fórmulas para arbitrar sanciones, estableciendo alternativas jurídicas que hagan viable la ejecución de las sentencias y la reparación de los daños. Lo segundo puede ser, tal vez, establecer jerarquías por el lucro, la irreversibilidad, la gravedad de las ilegalidades y las consecuencias económicas, urbanísticas y ambientales -las más graves- de los hechos que ahora se conocen con más detalle e implicarán aún más a los responsables, sus sociedades interpuestas, sus dóciles profesionales y sus beneficiarios activos o pasivos. La tercera, fijar y restablecer la legalidad urbanística con el planeamiento, las sanciones y, llegado el caso, con las demoliciones o la reversibilidad de lo actuado fuera de ordenación. No somos especialistas en derecho, sino ciudadanos exigentes frente al expolio consentido.

La ley tiene sus métodos. Pero lo cierto es que el daño ya causado es inmenso y no vale poner el bien común como blindaje de las acciones a ejercer. Reponer la legalidad y la decencia al territorio.

Lo que no es de recibo, así pues, es que se siga manteniendo la ambigüedad sobre los intereses generales con el discurso de la impunidad, so capa de una "situación de emergencia" por mucho que afecte a "personas, intereses y miles de millones". La fe se demuestra colaborando con la justicia, ...y con la Junta de Andalucía. La legalidad no se compra a posteriori. Aceptar ese argumento es consolidar la percepción de que los ladrones, agrupados como un clan de extorsionadores, han quedado fuera de la legislación por una bula especial atribuida a un cúmulo de intereses superpuestos a un laberinto legal sin precedentes.

Marbella es un escándalo de la democracia española y una flagrante vulneración de los derechos y deberes constitucionales. Por eso no cabe aceptar soluciones del tipo "quién contamina, paga", o "quién edifica ilegalmente, paga". Lo prioritario es restablecer la legalidad, reconocer lo que los jueces han dictaminado, dando la razón al gobierno autonómico, ver el alcance y reversibilidad de los daños y el nivel de culpabilidad activa o pasiva de sus intermediarios (o el de lucro de sus beneficiarios) y luego atajar si se puede el daño irreparable de ecosistemas, equipamientos, dotaciones o servicios de Marbella. Para los malagueños, no es una cuestión dineraria y judicial solo: es una cuestión de dignidad y decencia que se mantenga una postura firme y justa en relación con lo acaecido.

Hace falta decir bien alto y claro que no aceptaremos una suerte de "tasa" por la corrupción acaecida o un pago universal de lo que han robado los corruptos y sus secuaces, todavía libres y pululando aquí y allá, como Barbate, dónde quieren repetir el modelo.

El dinero no devolverá las hipotecas económicas, sociales y ambientales con soluciones blandas, olvidando la corrupción generalizada. Es como si pidiéramos a los accionistas de Enron y World.com que pagaran de su bolsillo las indemnizaciones por el latrocinio que cometieron sus dirigentes y administradores para no dañar el bien general de los millones de estafados por ellos.

La sociedad civil debe oponerse a maniobras y profesionales que amparen el delito. Por mucho que causen perjuicios las sanciones legales a que haya lugar, tan graves o duras como sea menester, Marbella no se merece sumar nuevas hipotecas a las que arrastrará -durante una o dos generaciones- por culpa de unos desaprensivos que la tomaron al asalto.

Carlos Hernández Pezzi es presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España