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Abucheos en el pleno de Alcalá por la privatización del servicio de agua

Los concejales del PSOE e IU se sentaron entre el público

Oriol Güell

El pleno de diciembre de Alcalá de Henares transcurrió ayer entre gritos y abucheos, con los concejales del PSOE e IU sentados entre los espectadores, y con los del PP, en el Gobierno, aprobando los puntos del orden del día sin debatirlos. El proyecto de adjudicar a una empresa privada la explotación del Servicio Municipal de Suministro de Agua durante los próximos 25 años fue el origen de los incidentes.

El pleno aprobó ayer el inicio de los trámites para la convocatoria de un concurso por el que se adjudicará a la empresa ganadora la explotación de las aguas municipales. El PSOE califica la medida de "brutal privatización de un servicio público esencial". El concejal de Medio Ambiente, Jesús Domínguez Picazo, denunció que le había sido "impedido el derecho a la libertad de expresión".

Con sesenta puntos en el orden del día y los más de 150 asientos del salón de plenos llenos a rebosar, el pleno empezó ayer a las diez de la mañana. La mayoría de los espectadores eran trabajadores municipales y sus representantes sindicales.

Los incidentes empezaron enseguida, al llegar al cuarto punto del día, referente a la concesión administrativa del servicio municipal de agua. Fernando Marín, del PSOE, y Francisco Calles, de IU, mostraron su oposición al proyecto entre gritos y aplausos de apoyo de los asistentes.

Los signos de apoyo se tornaron en pitos y abucheos cuando Domínguez trató de defender la propuesta del PP. El ruido alcanzó tal intensidad que el alcalde, Bartolomé González, del PP, le pasó una nota instando a su concejal a no intervenir, según denunciaron desde la oposición.

El alcalde procedió entonces a la votación, instante en el que los 10 ediles del PSOE abandonaron sus asientos para sentarse entre el público. La moción fue apoyada por los 14 ediles del PP y la oposición de los tres de IU. Tras votar en contra, éstos también abandonaron sus asientos. El resto del pleno transcurrió durante dos horas de la misma forma: el PP aprobando o rechazando mecánicamente los 56 puntos restantes del orden del día, los ediles de la oposición sentados entre el público y los asistentes abucheando sin cesar al alcalde y a los concejales populares.

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"Negativa a debatir"

"Nos parece inaudito que un gobierno se niegue a debatir una medida tan importante como la privatización del agua. Si los vecinos y trabajadores se oponen a ella, el equipo de gobierno debe asumirlo como parte de sus responsabilidades. Pero negarse a debatirlo en el pleno nos parece inaceptable", afirmó Fernando Marín.

Jesús Domínguez no ocultó su enojo por lo sucedido: "Han reventado el pleno de una forma interesada y partidista. Esto me parece muy poco democrático. Tienen todo el derecho a mostrar su oposición a un proyecto del equipo del gobierno, pero no atentando de esta forma a un espacio, el pleno, que es la máxima expresión de la democracia en los municipios", afirmó.

Alcalá de Henares es la única gran población de la región que no recibe agua del Canal de Isabel II, sino que pertenece a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, río que fluye por Guadalajara. Las sequías, los problemas de suministro y las fugas de agua (el Ayuntamiento sólo cobra a los ciudadanos el 52% del agua que el municipio recibe de la Mancomunidad) han sido problemas habituales en los últimos 20 años. El Ayuntamiento quiere solucionarlos mediante la gestión privada del servicio hasta 2029. "La red necesita grandes inversiones que el Ayuntamiento no puede asumir", defiende Domínguez. El proyecto prevé que la empresa adjudicataria deberá abonar al Ayuntamiento un canon inicial de casi 15 millones de euros más un 10% de la facturación anual prevista, que asciende a 8,9 millones de euros.

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Sobre la firma

Oriol Güell
Redactor de temas sanitarios, área a la que ha dedicado la mitad de los más de 20 años que lleva en EL PAÍS. También ha formado parte del equipo de investigación del diario y escribió con Luís Montes el libro ‘El caso Leganés’. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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