El Gobierno vasco cree que es "irreversible" un fallo del Constitucional contra el 'plan Ibarretxe'

El Ejecutivo vasco manifestó ayer su convencimiento de que la decisión del Tribunal Constitucional de emplazarle a formular alegaciones ante la impugnación presentada por el Gobierno central contra el plan Ibarretxe sólo pretende "legitimar una decisión ya irreversible": la suspensión de la tramitación parlamentaria de lo que pretende ser el nuevo Estatuto vasco. El Ejecutivo que preside Juan José Ibarretxe anunció, pese a todo, que presentará las alegaciones. "Lo haremos en defensa de nuestro autogobierno", dijo el portavoz, Josu Jon Imaz. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió ayer rechazar la pretensión del colectivo Manos Limpias de suspender de manera cautelar el plan Ibarretxe.

El Ejecutivo autónomo, tras su habitual reunión del Consejo de Gobierno, dio a conocer una declaración en respuesta a la solicitud realizada el 4 de diciembre por el Tribunal Constitucional para que presentara alegaciones a la impugnación del Gobierno central contra la propuesta de reforma del Estatuto de Gernika.

El Gobierno vasco aprovechó su respuesta para cuestionar la imparcialidad del alto tribunal y su nula "sensibilidad autonómica", y criticar, además, a su presidente, el magistrado Manuel Jiménez de Parga, por sus pronunciamientos públicos. "No ha perdido ocasión para faltar al respeto a las instituciones vascas y a su historia", comprometiendo así "de manera palmaria y descarada su imparcialidad y la del tribunal".

La petición de alegaciones a las partes -los Gobiernos central y autónomo y la propia Mesa del Parlamento vasco- fue interpretada inicialmente por diversas fuentes como un signo de la división existente entre los magistrados del Constitucional en torno a la admisión a trámite de la impugnación. La iniciativa del Gobierno central afecta tanto a la aprobación del plan Ibarretxe por parte del Gobierno autónomo (25 de octubre) como al acuerdo de la Mesa de la Cámara vasca que dio luz verde a su tramitación parlamentaria (4 de noviembre). El Tribunal Constitucional comenzó a estudiar el 2 de diciembre el trámite de admisión de la impugnación.

El Ejecutivo que lidera Ibarretxe desconfía de esa solicitud de alegaciones, pero su portavoz, Josu Jon Imaz, anunció ayer que las presentarán, pese a que "el obligado a demostrar la viabilidad de la impugnación es quien la presenta y no quien la sufre". "Se trata de una impugnación tan prematura como inconsistente desde el punto de vista jurídico, pero políticamente crucial para los intereses del Gobierno y del PP", señala el acuerdo gubernamental vasco.

Aunque se planteen las alegaciones, que previsiblemente presentará la próxima semana, el Ejecutivo vasco advierte de que eso no implica la aceptación de las "reglas impuestas" en el procedimiento por el Constitucional y se reserva la presentación de un recurso por indefensión ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Por otra parte, los magistrados del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco deliberaron ayer sobre la petición realizada por el colectivo Manos Limpias para que se suspenda cautelarmente el plan Ibarretxe. El colectivo había pedido la suspensión cautelar de la aprobación de la propuesta realizada por el Ejecutivo el 25 de octubre con el fin de evitar los "perjuicios de imposible o difícil reparación" que causaría su tramitación. Los magistrados de la Sala rechazaron en sus deliberaciones la solicitud, según fuentes jurídicas, y el magistrado redactará hoy los argumentos del auto de no admisión del recurso, que se notificará a las partes previsiblemente mañana.

El Ejecutivo vasco también acordó ayer remitir al Gobierno navarro su negativa a los requerimientos del Gabinete que preside Miguel Sanz para que retire el plan soberanista.

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha requerido a la Mesa del Parlamento vasco para que "en el plazo más breve posible", y en todo caso dentro de los 10 días de recibir el requerimiento, le remita una certificación completa o fotocopia autentificada del acuerdo de la Mesa por el que ordenó la calificación y tramitación del plan Ibarretxe, informa Julio M. Lázaro. En la misma providencia, el tribunal reclama una certificación completa o fotocopia autentificada de las peticiones de reconsideración que frente a dicho acuerdo hayan articulado los grupos parlamentarios, así como otra certificación o fotocopia de lo resuelto por la Mesa en el mismo asunto.