Bruselas obliga a la eléctrica francesa EdF a reembolsar 889 millones al Estado

El gigante EdF (Éléctricité de France) va a sufrir una profunda transformación para cumplir los estándares de competencia que exige la Comisión Europea. Francia ha notificado a Bruselas que EdF dejará de ser una empresa pública y, por tanto, perderá antes de diciembre de 2004 la garantía ilimitada que la libraba del riesgo de insolvencia que sufre cualquier otra firma. Todo ello no ha impedido que Bruselas haya dictaminado la devolución a las arcas estatales francesas de 889 millones de euros. Es el reembolso más alto exigido nunca por Bruselas a una única empresa.

Bruselas ha ganado el pulso que mantenía con París a causa de EdF desde hace más de un año. El comisario de la Competencia, Mario Monti, se felicitó de ello e incluso habló de la espléndida colaboración del ministro galo de Finanzas, Francis Mer, en un asunto en el que estaba involucrada la joya francesa, EdF, una empresa 100% pública que se ha resistido hasta el final a la corriente privatizadora europea.

El Gobierno de Jean-Pierre Raffarin ya había anunciado su intención de privatizar la empresa, pero hasta el 11 de noviembre pasado no llegó la notificación oficial a Bruselas de la transformación proyectada. Monti advirtió de que esta decisión de París es ajena a los dictámenes de Bruselas, que no puede entrar en la naturaleza pública o privada de la firma. Pero tal cambio, como ha informado París, supone suprimir antes de diciembre de 2004 la garantía ilimitada de la que disfrutaba EdF, que es el elemento esencial de preocupación para Bruselas. "Celebramos también que el calendario presentado por Francia sea realista", dijo Monti.

Independientemente de ese cambio fundamental, EdF no ha podido librarse de esa "penalización" que le impone Bruselas y que consiste en devolver a las arcas públicas no sólo los 889 millones de euros recibidos en 1997, sino también sus intereses, lo que eleva el montante a unos 1.200 millones de euros para una empresa que durante el primer semestre del año obtuvo un beneficio de 728 millones.

Los servicios de Mario Monti han considerado que una parte importante de la bonificación fiscal de la que se beneficiaba EdF fue incorporada al capital de la empresa sin que entrañara una variación positiva del activo neto imponible, una ventaja fiscal que calcula en esos 889 millones citados, que pueden ser considerados una ayuda de Estado incompatible con las normas europeas. Francia ya manifestó que tal cálculo le parece excesivo. "Si no está de acuerdo, puede reclamar ante los tribunales", respondió Monti a una pregunta sobre la eventualidad de un desacuerdo en ese punto.

Derechos de jubilación

Otro cambio importante que va a acometer la empresa eléctrica es la reforma del sistema de jubilaciones de sus más de 160.000 empleados, que ahora corre de su cuenta y que en el futuro pasarán a formar parte del régimen general de la seguridad social. Se hará una transferencia de los derechos de jubilación a una caja de jubilaciones autónoma. Para Monti, este cambio también favorece la competencia.

Simultáneamente, la Comisión Europea decidió ayer denunciar a Italia ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por la llamada ley anti-EdF, un decreto aprobado hace casi tres años que limita el derecho de voto (al 2%) de las empresas públicas que inviertan en su sector energético. Este expediente iba de la mano del abierto en Bruselas también contra una norma similar española que, sin embargo, se ha librado de la denuncia por el momento gracias a las explicaciones de las autoridades españolas.

"Preferimos mantener este diálogo que acudir ahora a los tribunales", dijo ayer Jonathan Todd, portavoz de Mercado Interior. "La diferencia con el caso italiano es que no hemos obtenido ninguna respuesta y se han cumplido los plazos". España ha introducido cambios en su legislación y Bruselas espera a analizar tales cambios antes de tomar una decisión drástica al respecto.

España, mediante una disposición en la Ley de Acompañamiento de 2000, introdujo legalmente la posibilidad de vetar la entrada de una empresa pública en una empresa privatizada y limitar su derecho a voto en el consejo de administración al 3%; una norma que pudo esgrimir el Ministerio de Economía para evitar la compra de Hidrocantábrico precisamente por parte de EdF en 2001.

Maniobra española

Esta norma en sí misma, a ojos de Bruselas, podría estar justificada para defender a las empresas propias en un mercado europeo "asimétrico", al estar dicho mercado energético en plena transformación con un desarrollo muy desigual en el camino de las privatizaciones. Pero Bruselas siempre ha exigido que tales normas fueran acompañadas de criterios claros. A la disposición española le achaca el defecto de no estar limitada en el tiempo. Los cambios que las autoridades españolas han comunicado a Bruselas, y que se han introducido en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2004, incorporan criterios precisos que han disuadido a la Comisión de presentar la denuncia por ahora.

La Comisión Europea decidió también ayer multar a las tres grandes productoras de tubos de cobre en Europa por formar un cartel en el sector. Bruselas ha impuesto 79 millones de euros a Outokumpu, KME y Wieland Werke tras una investigación que comenzó en 2001.