Título de la ESO

Los profesores abajo firmantes, pertenecientes al claustro del IES Ramón del Valle-Inclán, de Sevilla, desean manifestar en relación al borrador de instrucciones por el que se dictan normas para la evaluación, promoción y obtención del título en la ESO.

1º. No existe fundamento psicológico, social, didáctico, ni organizativo que justifique la celebración de unas pruebas extraordinarias uno o dos días después de la evaluación final del curso. El único motivo que puede entreverse es el de torcer de manera fraudulenta lo dispuesto en la LOCE y en el Real Decreto 831/2003 de la ESO para evitar que dichas pruebas se celebren en septiembre, como parece indicar el sentido común. Estrategia, si éste es el caso, de política mediocre y torticera cuyas fallidas consecuencias van a recaer sobre las comunidades escolares; sobre el profesorado, llevándole a un absurdo pedagógico y a aumentar burocráticamente las tareas finales de curso; sobre el alumnado, planteándoles unas pruebas imposibles de preparar y superar honestamente, y sobre las familias, defraudando unas expectativas de recuperación condenadas de antemano al fracaso.

2º. ¿Cómo puede llegarse, por parte de la CEJA, a plantear tamaño disparate didáctico? ¿Se podría hacer también con los alumnos de Bachillerato de cara a las pruebas de septiembre? Si se quiere ser coherente con todo lo dispuesto en materia evaluadora desde hace décadas, los alumnos que no superen un área en la evaluación final tras un proceso de evaluación continua y global, lo harán de todo el área y no de una parte. Por tanto, el profesorado estará obligado a realizar "breves informes" idénticos para todo el alumnado que no haya superado un área, apareciendo sin superar todos los objetivos y contenidos de la misma.

3º. Rechazar categóricamente la posibilidad de que a propuesta del equipo educativo por mayoría de 2/3, un profesor se vea en la situación de ser obligado a revisar la calificación de un alumno para facilitar su promoción o titulación. ¿Se le va a obligar a hacerlo aunque no esté de acuerdo? Esta medida, que supone una intolerable agresión a la profesionalidad docente en materia de evaluación, y puede vulnerar la "libertad de cátedra" y ejercicio profesional consagrados en el artículo 27 de la Constitución, supone desestabilizar al profesorado, desacreditándolo y forzándolo a "traicionar" o suplantar sus propias valoraciones y calificaciones.

4º. ¿Han pensado en el descrédito que supondría para todos los institutos y profesores una medida tan estúpidamente populista? ¿Se ha pensado en la situación en que se pone a los equipos educativos ante la posibilidad de reclamaciones por aplicar las normas que tienen aprobadas en los correspondientes proyectos curriculares de centro desde hace años? ¿Quedan todas estas normas desautorizadas este curso?