UPN rechaza someter a debate parlamentario la democratización de Caja Navarra

El Gobierno de UPN negociará directamente la reforma de los estatutos de Caja Navarra con el Ministerio de Economía sin buscar el consenso parlamentario. La entidad de ahorro es la única caja española cuyos órganos de gobierno no han sido democratizados. La intención del gabinete de Miguel Sanz es culminar el proceso a comienzos de 2004. Sólo entonces, cuando se cierre el acuerdo, UPN enviará al Parlamento foral el proyecto de reforma estatutaria de la caja para su ratificación.

La formación regionalista busca una fórmula que le permita seguir controlando Caja Navarra. Ahora lo hace gracias a la mayoría absoluta que le brinda la presencia en el Consejo de Administración del propio Sanz, la alcaldesa de Pamplona, Yolanda Barcina; y los once consejeros del Ejecutivo foral, entre otros militantes y cargos del partido.

La aprobación el pasado año por el Gobierno del PP de la ley Financiera ha obligado a sus socios navarros a modificar la estructura de la entidad. Ello significa que UPN debe reducir la presencia de representantes políticos para que no sobrepasen el 50% de los órganos de gobierno.Sin embargo, y aferrándose al argumento del carácter aforado de la caja, producto de un pacto directo entre Navarra y el Estado, UPN eludirá el debate parlamentario y blindará los cambios antes de remitirlos al Legislativo. En realidad, UPN cree que no haría falta pasar por el Parlamento foral, pero su pacto con CDN le obligan a enviar el proyecto de ley.

Oposición y empleados

La entidad contará con un consejo general de 30 miembros, ahora inexistente, que elegirá un Consejo de Administración con 16 componentes, una comisión ejecutiva de seis integrantes y la comisión de control, formada por diez personas. La oposición ha tachado de "nueva forma de clientelismo" la fórmula elegida por los regionalistas.

El comité intercentros de la entidad ha expresado su "profunda preocupación" por lo que considera "una manipulación para acaparar el poder bajo una apariencia de democratización". Según los represnetantes de los empleados, el consejo general debería tener unos 110 miembros en función del volumen de recursos y clientes de la caja y de la legislación básica estatal.

UPN, añade el comité, se garantiza el control del 50% del nuevo consejo y además "hace trampa" al introducir en el restante 50%, reservado a impositores y empleados, la presencia de entidades socio-económicas, que el comité identifica con "organismos susceptibles de ser controlados desde el Ejecutivo", a las que se reserva el 26,6% de representación.