La consejería firma con los sindicatos un acuerdo para mejorar las urgencias sanitarias de la región

La Consejería de Sanidad firmó ayer con todos los sindicatos que tienen representación en el sector sanitario un acuerdo para la puesta en marcha del Plan Integral de Atención a Urgencias y Emergencias del Gobierno regional, según informó en un comunicado. El acuerdo supondrá la puesta en marcha de toda "una serie de medidas" para ordenar y agilizar los servicios de urgencias y emergencias de la Comunidad de Madrid, y contempla además la atención los sábados en los centros de atención primaria. También se incluye la prestación del servicio los días 24 y 31 de diciembre, que a todos los efectos contarán como días festivos.

Este plan, que estará ultimado a finales de mayo y se pondrá en marcha el 1 de junio de 2004, compromete a la Comunidad a la mayor dotación de personal a partir del próximo mes de enero para cubrir las necesidades generadas con motivo de la implantación de la jornada de 35 horas.

Por otra parte, la construcción de siete nuevos hospitales en la región, tal y como prometió Esperanza Aguirre -Norte, Sur, Arganda del Rey, Corredor del Henares, Vallecas, Aranjuez y Majadahonda- es un apetecible pastel que las empresas constructoras de la región no están dispuestas a dejar escapar.

Algunas de ellas ya han empezado a dar los primeros pasos para hacerse con alguno de los contratos, y una, Pryconsa, se ha ofrecido a poner por adelantado el dinero que costaría construir el nuevo hospital del Norte para luego arrendárselo al Gobierno regional. Así se lo ha hecho saber Pryconsa al alcalde de Alcobendas, José Caballero, en una carta que le remitió el pasado 4 de diciembre. "Yo no puedo hacer nada por ellos. No tengo competencias. Creo que es mejor que hablen con la Consejería de Sanidad", declaró ayer Caballero.

La oferta de Pryconsa ilustra una de las decisiones más controvertidas del Gobierno: cómo financiar los nuevos hospitales. Una opción sería pagarlo con cargo a los presupuestos públicos, la otra sería dar entrada al capital privado en la construcción y gestión, siguiendo el modelo ensayado en otras comunidades gobernadas por el PP.