"Contrato que no se cumple por culpa de la empresa, se rescinde"

Gustavo Simeonoff refleja el carácter con el que el Gobierno argentino del presidente Néstor Kirchner ha decidido enfrentar el tema de la renegociación de los contratos de privatizaciones de servicios públicos y las tarifas, una cuestión que afecta a grandes empresas españolas: Telefónica, Endesa, Aguas de Barcelona, etcétera. Simeonoff explica que quedan pendientes de renegociar 49 contratos (eran 63 pero uno, Correos, fue rescindido; y otros 13 ya han caducado y se abre un nuevo concurso), entre los que están 22 del sector del gas y la electricidad, y dos de telefonía.

Durante su ponencia en las jornadas sobre seguridad jurídica en América Latina del Instituto Elcano y en una entrevista posterior, Simeonoff dejó claro lo que entiende por negociar: "Para empezar, hay que reconocer que la actual situación argentina difiere de la que existía al momento de efectuarse las privatizaciones". "Hay mucha heterogeneidad en los contratos, distintos tipos de cumplimientos por parte de las empresas, y entre estos últimos, probablemente el del servicio de suministro de agua potable sea el más grave, porque tiene una relación directa con la sanidad pública", explica.

El suministro de agua y la gestión de residuos cloacales en la Capital Federal y la periferia, llamada el Gran Buenos Aires, la más habitada del país, fue dado en concesión a la empresa Aguas Argentinas, participada en un 25% por la española Aguas de Barcelona, en 1993 y por 30 años. Diez años después, el Gobierno está a un paso de rescindir el contrato. "La empresa tiene una deuda de 1.000 millones de dólares y es prácticamente imposible que obtenga crédito para seguir funcionando, por lo que si no acepta el camino que el Gobierno le proponga la concesión se rescindirá", dice.

"Los accionistas de Aguas Argentinas han repatriado 250 millones de dólares en dividendos, lo que es perfectamente legal, pero choca bastante si se tiene en cuenta que la empresa tiene una deuda en inversiones de 1.000 millones y más si esas obras son para mejorar un servicio imprescindible para la población y muy delicado si se tiene en cuenta su efecto en la salud de la gente", dice Simeonoff. "Esto no es serio y estamos dispuestos a rescindir el contrato, como lo hicimos con Correos, también por incumplimiento contractual... Contrato que no se cumple por culpa de la empresa, se rescinde. Hay que entender que éste es un Gobierno duro y con reglas claras", sentencia.

A pesar de la dureza de las afirmaciones de Simeonoff, reconoce a su vez que, salvo en contados casos, las relaciones con las distintas empresas españolas que han invertido en Argentina son buenas. "La cuestión de las tarifas no es un gran escollo para renegociar los contratos, porque lo que podamos estar dispuestos a conceder de incremento, pongamos entre un 8% y un 12%, no supone para una empresa un gran cambio en la cuenta de resultados. Lo que incluyen las negociaciones y que también es polémico, es la cuestión de las inversiones, el sistema de sanciones por inclumplimientos, etcétera. Pero en general, el diálogo es bueno y espero que para principios del próximo año ya esté todo renegociado, e incluyo a las empresas del sector de telefonía, con las que todavía no hemos empezado a negociar", explica Simeonoff.