Una antropóloga denuncia irregularidades en los retornos de menores a Marruecos

Mercedes Jiménez siguió la pista de 40 menores marroquíes devueltos a su país entre octubre de 2002 y julio de 2003 por las autoridades españolas. Y concluyó que en el 90% de los casos, "los retornos fueron ilegales". Las irregularidades observadas por la antropóloga van desde daños a "la integridad física" del menor, la falta de notificación a las familias de origen o el retorno contra la voluntad del afectado. Jiménez presentó ayer el libro Buscarse la vida, que recoge los resultados de su estudio de las migraciones de menores marroquíes durante tres años.

Buscarse la vida es el resumen de tres años de trabajo en los que la antropóloga Mercedes Jiménez siguió la pista de menores marroquíes que estaban decididos a cruzar el Estrecho como fuera o que ya lo habían hecho. De su seguimiento concluye que se deberían desterrar dos "prejuicios" extendidos en los últimos años: ni hay una avalancha de adolescentes dispuestos a arriesgar el pellejo para llegar a España ni los que emigran son niños de la calle. "Los niños de la calle están tan ligados a su supervivencia diaria en Tánger que difícilmente pueden llevar a cabo la estrategia que les supone emigrar", destacó ayer durante la presentación de su libro en Sevilla.

Jiménez rastreó los pasos de 40 menores retornados desde Madrid, Barcelona y Málaga al norte de Marruecos. En el 90%, asegura, "los retornos se llevaron a cabo sin las garantías que prevé la ley". Entre los adolescentes que localizó figuran 16 enviados en febrero a Marruecos y que, según la antropóloga, "fueron sacados de madrugada de los centros por la policía". Este procedimiento atenta contra los requisitos que debería cumplir el procedimiento para devolver a un menor a Marruecos, que establece como necesario el deseo del menor y la disposición de su familia para acogerlo o, en su caso, del sistema de protección de menores del país de origen. La autora considera que los retornos realizados sin estas garantías "sólo pueden contribuir al deterioro psíquico y físico del menor".

Malos tratos rutinarios

Más graves, sin embargo, son las irregularidades detectadas por Mercedes Jiménez al otro lado del Estrecho. "Hemos documentado que la policía los encierra en la comisaría del puerto de Tánger, les rapa la cabeza, les quita los zapatos", denunció ayer. En el libro sostiene que todos los menores entrevistados declararon haber sufrido malos tratos por la policía marroquí, que es "práctica casi rutinaria" en los puestos fronterizos de El Tarajal (Ceuta), Beni Enzar (Melilla) y la comisaría de Tánger.

La autora señala que mientras que los menores retornados desde la península declaran "no haber sufrido violencia ni física ni verbal", el 33% de los 60 menores expulsados desde Melilla que entrevistó aseguraron que durante su detención y encarcelamiento recibieron "golpes con porras, patadas o puñetazos". En Ceuta y Melilla, según la antropóloga, "se vulneran sistemáticamente los derechos de los menores".

La falta de integración de los menores durante los procesos de devolución favorece su deterioro y, además, genera la paradoja de que en algunos casos reiteren en su intentona de cruzar el Estrecho. Mercedes Jiménez ha comprobado que 11 de los 16 menores retornados desde centros de protección de la Comunidad de Madrid contra su voluntad ya están de nuevo en España.

Los procesos, además, dejan en estos casos a los menores sin protección jurídica porque su procedimiento no goza de las mismas garantías que en los casos de inmigrantes adultos. "Es gravísimo cómo se lleva a cabo el proceso administrativo porque carecen de proceso administrativo", censuró la abogada Elena Arce, durante la presentación del libro.

Arce, especializada en temas de extranjería y menores, aseguró que la regulación de menores ha empeorado desde 1985. Después de aclarar que a un menor se les puede expulsar siempre que no esté declarado en desamparo y, por tanto, tutelado por la administración española competente, lamentó que se abra la puerta a las expulsiones en el momento en que "creamos la ficción de que no están desamparados como pretende el fiscal", indicó.

La abogada reclamó garantías, como la asistencia letrada y el inicio de un procedimiento administrativo, si se van a ejecutar las expulsiones como si fueran adultos. Arce puso el dedo en la llaga sobre el extraño papel que pueden desempeñar los centros de protección de menores donde están los inmigrantes en los trámites de retorno: "Me plantea muchas dudas morales que un educador pase datos sin el conocimiento del menor a una institución que inicia los trámites de repatriación".