Una antropóloga denuncia irregularidades en los retornos de menores a Marruecos

Mercedes Jiménez apreció "ilegalidades" en el 90% de los casos que rastreó en Tánger

Mercedes Jiménez siguió la pista de 40 menores marroquíes devueltos a su país entre octubre de 2002 y julio de 2003 por las autoridades españolas. Y concluyó que en el 90% de los casos, "los retornos fueron ilegales". Las irregularidades observadas por la antropóloga van desde daños a "la integridad física" del menor, la falta de notificación a las familias de origen o el retorno contra la voluntad del afectado. Jiménez presentó ayer el libro Buscarse la vida, que recoge los resultados de su estudio de las migraciones de menores marroquíes durante tres años.

Buscarse la vida es el resumen de tres años de trabajo en los que la antropóloga Mercedes Jiménez siguió la pista de menores marroquíes que estaban decididos a cruzar el Estrecho como fuera o que ya lo habían hecho. De su seguimiento concluye que se deberían desterrar dos "prejuicios" extendidos en los últimos años: ni hay una avalancha de adolescentes dispuestos a arriesgar el pellejo para llegar a España ni los que emigran son niños de la calle. "Los niños de la calle están tan ligados a su supervivencia diaria en Tánger que difícilmente pueden llevar a cabo la estrategia que les supone emigrar", destacó ayer durante la presentación de su libro en Sevilla.

Jiménez rastreó los pasos de 40 menores retornados desde Madrid, Barcelona y Málaga al norte de Marruecos. En el 90%, asegura, "los retornos se llevaron a cabo sin las garantías que prevé la ley". Entre los adolescentes que localizó figuran 16 enviados en febrero a Marruecos y que, según la antropóloga, "fueron sacados de madrugada de los centros por la policía". Este procedimiento atenta contra los requisitos que debería cumplir el procedimiento para devolver a un menor a Marruecos, que establece como necesario el deseo del menor y la disposición de su familia para acogerlo o, en su caso, del sistema de protección de menores del país de origen. La autora considera que los retornos realizados sin estas garantías "sólo pueden contribuir al deterioro psíquico y físico del menor".

Malos tratos rutinarios

Más graves, sin embargo, son las irregularidades detectadas por Mercedes Jiménez al otro lado del Estrecho. "Hemos documentado que la policía los encierra en la comisaría del puerto de Tánger, les rapa la cabeza, les quita los zapatos", denunció ayer. En el libro sostiene que todos los menores entrevistados declararon haber sufrido malos tratos por la policía marroquí, que es "práctica casi rutinaria" en los puestos fronterizos de El Tarajal (Ceuta), Beni Enzar (Melilla) y la comisaría de Tánger.

La autora señala que mientras que los menores retornados desde la península declaran "no haber sufrido violencia ni física ni verbal", el 33% de los 60 menores expulsados desde Melilla que entrevistó aseguraron que durante su detención y encarcelamiento recibieron "golpes con porras, patadas o puñetazos". En Ceuta y Melilla, según la antropóloga, "se vulneran sistemáticamente los derechos de los menores".

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La falta de integración de los menores durante los procesos de devolución favorece su deterioro y, además, genera la paradoja de que en algunos casos reiteren en su intentona de cruzar el Estrecho. Mercedes Jiménez ha comprobado que 11 de los 16 menores retornados desde centros de protección de la Comunidad de Madrid contra su voluntad ya están de nuevo en España.

Los procesos, además, dejan en estos casos a los menores sin protección jurídica porque su procedimiento no goza de las mismas garantías que en los casos de inmigrantes adultos. "Es gravísimo cómo se lleva a cabo el proceso administrativo porque carecen de proceso administrativo", censuró la abogada Elena Arce, durante la presentación del libro.

Arce, especializada en temas de extranjería y menores, aseguró que la regulación de menores ha empeorado desde 1985. Después de aclarar que a un menor se les puede expulsar siempre que no esté declarado en desamparo y, por tanto, tutelado por la administración española competente, lamentó que se abra la puerta a las expulsiones en el momento en que "creamos la ficción de que no están desamparados como pretende el fiscal", indicó.

La abogada reclamó garantías, como la asistencia letrada y el inicio de un procedimiento administrativo, si se van a ejecutar las expulsiones como si fueran adultos. Arce puso el dedo en la llaga sobre el extraño papel que pueden desempeñar los centros de protección de menores donde están los inmigrantes en los trámites de retorno: "Me plantea muchas dudas morales que un educador pase datos sin el conocimiento del menor a una institución que inicia los trámites de repatriación".

El 50% vive en familias estables

La investigación de Mercedes Jiménez en Tánger le ha permitido trazar un perfil sobre las características económicas y familiares que rodean a quienes emigran antes de cumplir los 18 años. Un 10% tiene un ambiente estable afectiva y económicamente y está escolarizado. Otro 40% de los que llegan a España procede de hogares estables con dificultades económicas.

Estos menores suelen pasar gran parte de su tiempo en la calle, pero "no hacen de ésta un medio de vida", advierte la autora. Otro 35% refleja a los menores que viven en un ambiente familiar inestable y con una situación económica precaria o muy precaria. Por último hay un 15% que responde a la definición de niño de la calle y que son menores desarraigados de su núcleo familiar y que han hecho de la calle su modo de vida. La autora destaca que el número de niños de la calle que emigran a España es muy inferior al que los medios de comunicación y la opinión pública presupone.

Distinto es el caso de los menores que, al llegar a España, "se han vuelto de la calle por muchos motivos". Una de las causas, en opinión de Mercedes Jiménez, es "un retorno efectuado sin garantías o contra la voluntad del menor o de su familia".

La antropóloga apunta también otra razón de esta deriva: la actuación lenta de las administraciones para documentarlos. "Muchos menores al no ver satisfechas sus expectativas se escapan de los centros de acogida e inician en la calle una espiral de delincuencia y marginación".

En Andalucía, según el libro, operan 11 centros específicos para menores inmigrantes (siete de acogida inmediata y cuatro residenciales), pero la cifra de centros que ocasionalmente han acogido a extranjeros es de 54. La cooperación entre la Consejería de Asuntos Sociales y las entidades que colaboran en la acogida residencial de menores está regulada en la orden de 16 de abril de 2001.

El libro concluye que "el deterioro de estos menores es un fracaso de ambos países", en referencia a España y Marruecos. El retorno masivo, en su opinión, constituye "una manera de eludir la parte de responsabilidad española".

Sobre la firma

Tereixa Constenla

Corresponsal de EL PAÍS en Lisboa desde julio de 2021. En los últimos años ha sido jefa de sección en Cultura, redactora en Babelia y reportera en Andalucía. Es autora del libro 'Cuaderno de urgencias'.

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