La Fiscalía abre una investigación al psiquiátrico gallego que ata a pacientes durante semanas

La justicia pone el foco en el sanatorio La Robleda, el psiquiátrico gallego de propiedad privada pero concertado con la Xunta en el que el Defensor del Pueblo ha detectado vulneraciones de derechos y mala praxis. La Fiscalía Provincial de A Coruña ha abierto diligencias para averiguar si las graves irregularidades plasmadas por la institución en un informe son constitutivas de presuntos delitos. Según informan fuentes oficiales del ministerio público, se realizará una inspección en el hospital gestionado por la empresa Hestia Alliance, ubicado en el municipio de O Pino (A Coruña), a unos 15 kilómetros de Santiago, y se le reclamará documentación.

La apertura de la investigación por parte de la Fiscalía se produce después de la información publicada la semana pasada por EL PAÍS sobre la inspección del Defensor del Pueblo. El informe de la institución que preside Ángel Gabilondo fue enviado hace ya un mes a la Fiscalía General de Estado y a la Fiscalía Provincial de A Coruña. La asociación El Defensor del Paciente se puso en contacto con el fiscal jefe de Santiago el pasado viernes para reclamar que abriera una investigación no solo al centro sino también a la Xunta por “dejación de funciones”.

El psiquiátrico La Robleda lleva funcionando más de medio siglo, primero en el centro de Santiago y desde 2007 en el vecino ayuntamiento de O Pino. En septiembre pasado fue inspeccionado por primera vez por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, un órgano del Defensor del Pueblo que desde hace 15 años se dedica a visitar por sorpresa centros donde se recluye a personas por diversos motivos, desde cárceles a centros de menores u hospitales psiquiátricos, para vigilar que se respetan sus derechos. El equipo de técnicos se entrevistó durante dos días con personal y pacientes y revisó grabaciones de las cámaras e historiales clínicos. Halló casos de personas encerradas en La Robleda durante más de 20 años, una interna que lleva más de una década ingresada contra su voluntad, denuncias de abusos sexuales y diversas contenciones mecánicas irregulares.

En La Robleda, según el informe del Defensor del Pueblo, se ata a pacientes durante semanas y se les encierra también en sus habitaciones durante días. Las inmovilizaciones se realizan incluso en sus propios cuartos, algo especialmente criticado por los inspectores de la institución por lo traumático que es para los enfermos. El informe censura también que haya cámaras en las estancias privadas de los internos que los graban durante 24 horas.

El expediente del Defensor del Pueblo sobre el trato a los enfermos mentales en este hospital psiquiátrico ha provocado preocupación en el Ministerio de Sanidad. Así lo ha admitido Belén González, comisionada de Salud Mental, quien en un mensaje en la red social X ha calificado los “hechos descritos” por los inspectores de la institución de “inaceptables”. González asegura que el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 que ultima el ministerio recogerá medidas para mejorar los ingresos involuntarios de los pacientes psiquiátricos y el uso de las contenciones mecánicas por parte de quienes los atienden. “No puede haber salud mental sin respeto a los derechos humanos”, subraya la comisionada.

La inspección a La Robleda llegará también al Parlamento gallego. La portavoz de sanidad hospitalaria del BNG, Iria Carreira, presentará distintas iniciativas para exigir “responsabilidades” al Gobierno de Alfonso Rueda (PP) por unos hechos que “no tienen ningún tipo de justificación ni paliativo”. Los nacionalistas reclaman medidas para erradicar “esta mala praxis” en todos los psiquiátricos de la comunidad, ya sean privados, concertados o públicos.

Conxo sigue bajo la lupa del Defensor

La empresa propietaria del sanatorio La Robleda rechaza las conclusiones de la inspección del Defensor del Pueblo y pone en duda su “metodología” por tratarse de una “aproximación tangencial y esporádica”. Se defiende asegurando que la Xunta ha inspeccionado el psiquiátrico “de manera exigente” con un resultado “muy satisfactorio”. Entre críticas de la Asociación Galega de Defensa da Sanidade Pública y de El Defensor del Paciente, el presidente del Gobierno gallego anunció el viernes que la Administración autonómica comprobará el contenido del informe del Defensor del Pueblo y tomará medidas si se confirman las violaciones de derechos y la mala praxis.

El de La Robleda es el segundo psiquiátrico gallego en el que la Fiscalía abre una investigación a raíz de una inspección del Defensor del Pueblo. En 2018, el ministerio público puso bajo su lupa al hospital de Conxo de Santiago, un centro esta vez 100% público en el que otra visita de técnicos de la institución destapó casos de internos que llevaban allí encerrados entre 30 y 50 años sin apenas tratamiento destinado a su rehabilitación, sobremedicación, falta de personal, infraestructuras medio ruinosas e irregularidades en los ingresos. Las pesquisas del fiscal acabaron archivándose, pero este psiquiátrico dependiente de la Consellería de Sanidade sigue bajo el foco del Defensor del Pueblo para que se mejore la atención a los enfermos, según confirman fuentes de la entidad que dirige Ángel Gabilondo.