El Gobierno destina 44 millones a prestar atención a los inmigrantes

El Gobierno aprobó ayer el Plan vasco de Inmigración 2003-2005, al que destinará cerca de 44 millones de euros. El plan coordina todos los programas dispersos que sobre inmigración están desarrollando el propio Ejecutivo, diputaciones y ayuntamientos, y también establece los ejes de la política de integración y normalización para la población inmigrante. En Euskadi residen en la actualidad alrededor de 24.000 inmigrantes empadronados, de los que entre 7.000 y 9.000 se encuentran en una situación irregular al no disponer de permiso de residencia.

Entre las novedades y beneficios para la población inmigrante que incorpora el documento figura la posibilidad de inscribirse en el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide para participar en el sorteo de un piso protegido en régimen de alquiler. Los extranjeros en situación irregular no podían acceder hasta ahora a este tipo de sorteos debido a que se exige, entre otros requisitos, estar en posesión de un permiso de residencia. Para superar este escollo, el plan prevé requerir sólo el certificado de empadronamiento y pasaporte.

Además, la situación en la que se encuentran muchos sin papeles les impide acceder a un trabajo normalizado al no disponer de permiso de residencia, con lo que no pueden presentar unos ingresos estables. Ésta es una de las condiciones para poder acceder a un piso de protección oficial.

El departamento intentará salvar ahora esta dificultad creando una comisión que analizará las particularidades de cada caso. También figura entre sus objetivos divulgar entre los inmigrantes los derechos y deberes relacionados con los alquileres. Por otra parte, el Ejecutivo pondrá en marcha, en colaboración con diputaciones y ayuntamientos, una red de alojamientos transitorios tutelados.

El consejero de Asuntos Sociales, Javier Madrazo, es el principal responsable de un plan que aglutinará las actuaciones en campos como la sanidad, educación, vivienda, justicia y trabajo. El documento se estructura en 13 áreas de trabajo, establece 63 directrices y contiene 215 medidas. Aparte de las iniciativas relacionadas con la vivienda, incluye la creación de la Red Pública de Acogida para, entre otros objetivos, garantizar asistencia jurídica, si es preciso gratuita, ofrecer formación como vía de acceso al mercado de trabajo y difundir entre los inmigrantes las posibilidades que les ofrece el sistema de servicios sociales.

Madrazo señaló a la Ley de Extranjería como la más importante fuente de dificultades para los inmigrantes y reclamó para el Ejecutivo de Vitoria competencias en inmigración. El consejero no supo precisar el número de inmigrantes que la comunidad puede acoger, pero citó los 11.000 que reclaman las patronales para cubrir otros tantos puestos de trabajo y criticó como "ridículo" que el Ejecutivo central asigne al País Vasco un contingente reducido a sólo 236.

La mayoría de los inmigrantes que llegan al País Vasco abandonan sus países por motivos laborales. La mayor parte procede del centro y el sur de América, seguido de cerca por los europeos y africanos. La población inmigrante presenta un equilibrio entre sexos y su edad media se sitúa en los 32 años.El Gobierno también dio luz verde en su reunión de ayer a la creación de tres puntos de coordinación para agilizar las medidas de protección a las mujeres víctimas de malos tratos y para coordinar a los diferentes agentes que deben intervenir en su apoyo. El objetivo es resolver en las mejores condiciones una situación "de especial vulnerabilidad". El establecimiento de estos puntos de coordinación, uno por provincia, busca paliar los desajustes temporales que se pueden producir desde que un juez dicta una orden de protección y el momento en que ésta es efectiva para la mujer que está siendo acosada.

Desde su implantación, los jueces que dicten una orden de protección deberán comunicarla inmediatamente por vía informática al centro de coordinación, que se encargará de contactar con la víctima para informarle de los recursos asistenciales existentes y los servicios policiales encargados de protegerla.

Los centros estarán situados en Ibañez de Bilbao, 3, en Bilbao:Avenida Gasteiz, 18, en Vitoria y plaza Teresa de Calcuta, 1 en Sebastián. Además, el Ejecutivo acordó crear una base de datos sobre la violencia de género. Según los datos de Emakunde, en el primer semestre de este año 1.044 mujeres fueron víctimas de la violencia conyugal en Euskadi y dos de ellas murieron.

Por otra parte, el Gobierno aprobó la financiación de las obras de saneamiento de las aguas de Urdaibai. En total, se invertirán más de 35 millones para recoger las aguas fecales entre Muxica y Bermeo. Esta obra es una de las más importantes que quedan en el saneamiento de las aguas de la comunidad autónoma, tanto por su coste como por el conjunto de la población afectada y por tratarse de una zona con especial protección. Con esta infraestructura, las aguas fecales de toda la población de Urdaibai dejarán de vertirse a la ría para ser depuradas previamente.

Los 35 millones de euros que costarán las obras se repartirán entre este año y 2007, escalonándose los pagos de la siguiente manera: un millón en 2003, cuatro millones en 2004, ocho millones en 2005, 12 en 2006 y otros 10 millones en 2007.