La Junta estudia fórmulas para sancionar las obras ilegales en Marbella sin demolerlas

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía estudian qué posibles fórmulas podrían aplicarse para sancionar la construcción de viviendas con licencias declaradas ilegales por los tribunales en Marbella que no sea necesariamente la demolición para evitar perjudicar a los compradores que las habitan y que nada tienen que ver con el contencioso entre administración autonómica y local. El Ayuntamiento de Marbella se ha pronunciado ya contra las demoliciones y posiblemente no recurrirá la sentencia del TSJA que anula la licencia para 465 viviendas en San Pedro.

La primera sentencia que anula una licencia de obras concedida por el Ayuntamiento marbellí en contra de su propio Plan General de Ordenación Urbana parece haber cogido desprevenidos tanto al consistorio como a la administración autonómica, que recurrió la autorización de obras en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, reconoció ayer que el consistorio aún no ha tenido tiempo de valorar la sentencia y, en principio, no se mostró partidaria de recurrirla ante el Tribunal Supremo, lo que en su opinión supondría demorar la búsqueda de soluciones al problema.

La Junta, que debe pedir ahora la forma en que se ejecuta la sentencia, admite que "está muy verde" en este asunto, según el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, José María Ruiz Povedano. La dificultad de la cuestión estriba en hacer compatible las sanciones por ocupar suelo no urbanizable, en este caso reservado para equipamiento deportivo, con el derecho de terceras personas que ya habitan las viviendas y que las compraron con apariencia de legalidad, al disponer de licencia municipal de obra, de primera ocupación y de suministros de servicios públicos -algunas de las 465 casas del conjunto El Arquillo ya han sido incluso vendidas por segunda vez-. En todo caso, la Junta entiende que lo que debe evitarse es que las ilegalidades queden impunes.

De momento, las viviendas quedan fuera de ordenamiento urbanístico, lo que en teoría impide la autorización de cualquier obra de reforma o licencia de obra menor, pero según Isabel García Marcos "no pueden permanecer así eternamente". Las casas podrían ser legalizadas en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que debe redactar el Consistorio marbellí, pero como reconoce la propia García Marcos, ello no debe ser gratis.

La primera teniente de alcalde de Marbella apuesta también porque la Junta y el Ayuntamiento encuentren fórmulas de resarcimiento de la ilegalidades a los ciudadanos de Marbella por la pérdida de equipamientos y zonas verdes, más aún cuando no se trata de un problema aislado y es presumible que en los próximos meses se produzcan nuevas sentencias que anulen licencias de obras concedidas por el Consistorio. Desde 1995, la Junta lleva impugnadas unas 300 autorizaciones municipales, lo que puede poner en situación ilegal a decenas de miles de viviendas.

García Marcos propone que para legalizar las obras ilegales, las promotoras paguen una indemnización al Ayuntamiento y que el dinero recaudado se empleara en la dotación de nuevos equipamientos públicos. Pero con esta propuesta, se beneficiaría al infractor, el consistorio marbellí, pues la sentencia sobre El Arquillo anula un acto administrativo de éste: la concesión de licencia de obra.

El catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo apunta que ya que en casos así no cabe una reversión de la situación urbanística del suelo y para no dejar las viviendas fuera de ordenación, que los tribunales decretaran el resarcimiento por la vía de la disciplina urbanística y se establecieran sanciones por la pérdida de equipamiento.