La ONU alerta sobre las carencias del Estado de derecho y la discriminación social en México

El sistema de justicia en México es arcaico, el combate contra la pobreza causa discriminaciones, el sistema educativo reproduce la falta de equidad y la exclusión y el autoritarismo del sistema político y cultural sigue vigente. El corporativismo sindical y la corrupción persisten y los problemas de los indígenas, 10 millones de los 100 millones de mexicanos, no son prioritarios. Éstas son algunas de las alertas trasladadas ayer al presidente, Vicente Fox, por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Anders Compás, en el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México. Son evidentes, dice el documento, prácticas violatorias de los derechos políticos por parte de los partidos, entre ellos la coacción y la compra de votos.

La ONU anima al Gobierno a una profunda reforma de la justicia y la enmienda de la Constitución para que incorpore el concepto de los derechos humanos como su eje fundamental, y reconozca a los tratados internacionales sobre los mismos una jerarquía superior a los marcos legales federales y locales. La persecución de los narcotraficantes y los grupos alzados en armas, se dice, no debe quedar en manos de las Fuerzas Armadas. Los mandos militares debieran retirarse de la Procuraduría General de la República. El fiscal general es un general retirado.

Mujeres asesinadas

El documento constituye un resumen de las carencias del Estado de derecho en un país donde el 50% de la población es pobre. Las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, más de 300 en 10 años, son un caso extremo de violación a los derechos humanos "que, con diferentes matices, perfiles y contextos, padecen cotidianamente millones de mexicanos y mexicanas discriminados". "Incursionar en el asunto", agrega, "significa ver de cerca la miseria, la desprotección de los trabajadores, menores y migrantes, la tortura, las desapariciones forzadas y una cultura de violencia que se ensaña en las mujeres".

Un total de 148 organizaciones civiles y sociales, 48 dependencias gubernamentales, 20 instituciones educativas, varios foros y especialistas fueron consultados para la elaboración del documento, que es el resultado de un acuerdo de cooperación del Gobierno de Fox con la ONU. Su texto efectúa 32 recomendaciones y aborda aspectos generales de México y la situación de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y los derechos de las mujeres, indígenas y grupos vulnerables. "Un Estado democrático no es un Estado de leyes, sino uno que se somete a sí mismo al imperio de la ley y ésta, a su vez, al orden constitucional donde el respeto a la dignidad sea un principio y una práctica generalizada", destaca el diagnóstico.

El Gobierno promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, pero en México no existe una cultura de la rendición de cuentas, ni los mecanismos para evaluar la eficacia y eficiencia de los órganos del Estado, y, por tanto, el reto de la probidad sigue inconcluso. Por otra parte, el apoyo irrestricto a la inversión extranjera y a los grandes grupos empresariales mexicanos choca con las restricciones a las libertades y derechos de millones de trabajadores, según la ONU. Para defenderse, éstos acuden a tribunales sin autonomía suficiente, o penetradas por la corrupción.

"Las intervenciones del Gobierno en el mundo de las relaciones laborales privadas dejaron de ser de conciliación y arbitraje (...) para pasar a privilegiar los intereses patronales", subraya el Alto Comisionado de la ONU. Por otra parte, en los países democráticos, los trabajadores eligen a sus dirigentes sindicales en votación secreta, no abierta como en México. Entre los cambios radicales que se proponen en el sistema judicial figura el de cambiar el actual "sistema inquisitorial" por un sistema penal acusatorio y juicios en los que el acusador y el acusado se encuentren en igualdad de circunstancias.