Aznar, ante Europa

El largo y complicado camino para dar a luz la Constitución de la nueva Unión Europea de 25 países (27 en 2007) puede concluir en un fracaso colectivo si, en los días que restan hasta la cumbre del próximo fin de semana en Bruselas, no se alcanza un acuerdo sobre el reparto de poder institucional entre los socios. La posición de España, respaldada por Polonia, es el principal obstáculo para la revisión de la distribución decidida hace tres años en Niza. Aznar no acepta el sistema, apoyado por los líderes del Parlamento Europeo y de la Convención, de doble mayoría (50% de Estados y 60% de población) como criterio para la toma de decisiones que requieran mayoría cualificada en el Consejo.

Sin consenso alternativo, se mantendrá el vigente Tratado de Niza que otorgó a España un número favorable de votos en el Consejo, pero los desperfectos en la UE e incluso en la propia Constitución pueden ser muy serios. Empieza a abrirse camino la idea de un compromiso en torno a una fórmula que mantiene la mitad de los Estados pero aumenta hasta dos tercios (66%) el mínimo de población representada para dar validez a los acuerdos, algo que en determinadas condiciones puede ser una salida aceptable para España.

Tras esta aritmética se esconde un pulso de poder y de recelos. La oposición del Gobierno a este sistema parece nutrida no sólo por su temor a perder peso en el Consejo, sino también a que Francia y Alemania cobren una desmesurada capacidad de influencia. No se entiende este antigermanismo del Gobierno de Aznar, cuando el entendimiento con Alemania ha producido en el pasado tan buenos resultados como la creación del Fondo de Cohesión.

Aunque París y Berlín no basten para impulsar esta nueva gran UE, la realidad es que nada se va a lograr contra Francia y Alemania, como ha quedado patente con el intento de la Comisión de abrir a estos dos países un procedimiento de infracción por déficit excesivo. Además, si fracasa el Tratado Constitucional -y Berlín ya ha anunciado que no aceptará medias tintas-, Francia y Alemania tirarán adelante solos. De nuevo, lo que le falla a la posición española no es la aritmérica, sino la elección de los aliados.

En las manos de Aznar está la posibilidad de cerrar un acuerdo ventajoso para el interés general europeo, en el que España, respecto a Niza, podría mejorar en número de escaños en el Parlamento y sentirse cómoda. Lo que no parece digno del primer Tratado Constitucional europeo es que se cierre en falso con un mero aplazamiento de esta decisión central a 2009. El esquema institucional que se ha diseñado no es el perfecto, pero hará camino al andar en una Unión a punto de ampliarse con 10 nuevos miembros. La Constitución Europea supone avances significativos en otros aspectos, al otorgar a la UE personalidad jurídica, dotarla de una carta de derechos fundamentales, ampliar los ámbitos de decisiones por mayoría, y progresar en materia de política común exterior y de defensa. En los mismos días en que España conmemora los 25 años de la Constitución del consenso, sería paradójico que fuera un gobernante español el que lo impidiera en la UE.