El Gobierno admite errores en la reforma penal contra Ibarretxe

El Gobierno admite que puede haberse equivocado con una parte del procedimiento elegido para evitar que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, convoque el referéndum que ha anunciado sobre su plan para dentro de año y medio y sin permiso de las Cortes. No obstante, el Ejecutivo justifica su decisión en que "no puede cruzarse de brazos" ante el desafío soberanista de Ibarretxe y reclamó ayer a todo el bloque de la oposición, crítico con el camino legal elegido, que presente una "alternativa" para que "se cumpla la ley".

El portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, señaló, tras la sesión del Consejo de Ministros de ayer, que "equivocándose o acertando" ha encontrado una fórmula para detener el plan Ibarretxe. Se refería a la decisión que el Consejo de Ministros adoptó el pasado viernes, a propuesta del Ministerio de Justicia, de reformar el Código Penal para castigar con penas de tres a cinco años de prisión la convocatoria de un referéndum sin autorización de las Cortes. El Gobierno incluyó la reforma a través de una enmienda a la Ley de Arbitraje que el pleno del Senado aprobará el próximo miércoles.

Esta decisión ha sido cuestionada por toda la oposición, que estima que el Gobierno ha vulnerado las formalidades democráticas: el "principio de congruencia" de las leyes; la necesidad de que la reforma de una norma del calibre del Código Penal pueda ser debatida, así como la obligatoria consulta a órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado. El propio CGPJ ha protestado, esta semana, por no haber sido consultado sobre dicha reforma.

El Gobierno ha dado un paso al desenganchar la reforma del Código Penal de la Ley de Arbitraje. Lo anunció el secretario de Estado de Justicia, Rafael Catalá, el pasado miércoles. No obstante, la tramitación de la reforma del Código Penal seguirá adelante. El miércoles fue aprobada por la Comisión de Justicia del Senado, por la mayoría absoluta del PP, y tras su ratificación por el pleno del Senado pasará al Congreso para su aprobación definitiva antes de fin de año.

El portavoz del Gobierno justificó ayer los polémicos procedimientos utilizados por el fin pretendido: "La alternativa a esto es cruzarse de brazos. Es no tomar la iniciativa y dejar que cualquiera pueda violentar a su capricho el orden constitucional, la convivencia democrática, la ley, en definitiva".

Zaplana emplazó a toda la oposición, y especialmente al PSOE, a decir "si es está de acuerdo" en impedir que Ibarretxe convoque el referéndum sobre su plan y en que el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, no subvencione al grupo parlamentario Socialista Abertzaleak (SA), sucedáneo de la ilegalizada Batasuna. SA no cobra las subvenciones como grupo desde mayo, pero sus parlamentarios sí cobran el sueldo.

A renglón seguido, Zaplana señaló: "Si están de acuerdo con estos objetivos, estaremos encantados de escuchar otras medidas que hagan que la ley se cumpla y que no sean estas. Pero que nos digan cuáles son. De otro modo, la responsabilidad obliga a no cruzarse de brazos cuando el orden constitucional y la convivencia están amenazados".

Zaplana atribuyó las diferencias entre el Gobierno y el PSOE ante esta reforma -la primera vez que se suscitan en la estrategia vasca tras la firma del Pacto Antiterrorista hace tres años- a la proximidad de las elecciones generales. Pero también se vió obligado a reconocer que el Gobierno no convocó el Pacto Antiterrorista para debatir esta medida, porque "no era necesario".

También precisó que el objetivo del Gobierno, al adoptar estas medidas, "no es plantar la cara a nadie" sino que "se respete la ley, que es igual para todos".

Protesta de abogados

Por su parte, el Colegio de Abogados de Barcelona ha cuestionado la reforma del Código Penal que tipifica como delito la convocatoria ilegal de un referéndum, informa Efe. En un comunicado hecho público ayer, el Colegio critica tanto la forma como el fondo de la reforma al afirmar que el proceso empleado se ha llevado a cabo sin contar con un informe previo del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Según el Colegio, el derecho penal debe ser el último eslabón a utilizar en la cadena judicial de acuerdo "con el principio de intervención mínima". Asimismo, considera "necesario" que el proceso de reforma del Código Penal "sea fruto de un amplio consenso y cuente con el parecer de todos los operadores jurídicos que deben participar en su aplicación, entre los que están los abogados, que ostentan una papel destacado". La Junta de Gobierno del Colegio trasladará su "preocupación" por esta reforma al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial y a otras instancias jurídicas y judiciales españolas.